Fue la pluma

1. El 13 de marzo de 2013 estábamos en rectoría del Colegio, ultimando los detalles del inicio del ciclo lectivo. Nuestra charla por precisiones coyunturales se interrumpió cuando la secretaria, una persona mayor, entró intempestivamente a la rectoría visiblemente excitada, al grito de “¡Bergoglio! ¡Eligieron a Bergoglio, es el nuevo papa!”. Nos miramos.

2. La política argentina cambió para siempre a partir de la entronización de Jorge Bergoglio como papa de la Iglesia Católica. Es el argentino que mayor poder ha detentado jamás, y además es un hombre profundamente atravesado por la política, como todo jerarca de semejante institución. Las hipótesis más consensuadas sostienen que fue elegido líder de la Iglesia por pertenecer a una región donde ésta había perdido mucho terreno en manos de cultos evangelistas. Inmediatamente, con gestos de austeridad y de la más clásica liturgia populista latina, desconcertó a gran parte del mundo y sedujo tremendamente al público en estos barrios, acostumbrado a esos códigos y extrañado frente a una seguidilla de papas, hasta ese momento, fríos y distantes.

3. En su artículo 2º (no en el 117º, no en el 78º, en el 2º) la Constitución Nacional declara que el Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. No se analizarán acá las implicaciones de este artículo, en la misma Constitución que garantiza la libertad de cultos y en un país donde, desde su organización efectiva a partir de 1880, la Iglesia aparece como separada del Estado, con excepciones que siguen siendo fuertemente controversiales (el vicariato castrense, el financiamiento del culto con recursos públicos, entre otros). Que el Gobierno federal sostenga esa religión significaría, implícitamente, que los gobiernos autónomos –provincias y CABA– no tienen esa obligación.

4. La Constitución Nacional, en su artículo 5º y del 121º al 129º, establece los límites del poder central frente a las autonomías provinciales y CABA, que se consideran preexistentes a la Nación. La organización federal (art. 1º) del Estado es resultado de la historia de nuestro país: a partir de la independencia, las tensiones entre los poderes locales y el poder central terminaron generando una constitución que reconoce a las provincias como estados autónomos constituyentes, y que conservan buena parte de las decisiones sobre la organización política. Una de ellas, establece el artículo 5º, es la educación primaria.

5. La mítica Ley 1.420 garantizaba, en su artículo 8º, el derecho a una formación confesional por fuera de los horarios regulares de la educación primaria pública dependiente del Estado nacional lo que, a pesar de que la palabra mágica estaba ausente, otorgaba el carácter de “laica” a la educación formal. Lo concreto es que esta ley sólo tenía aplicación legal en los territorios nacionales (que, con el correr del tiempo fueron convirtiéndose en provincias y separándose de esa jurisdicción) y la capital federal. De acuerdo al artículo 5º, las provincias se reservan la potestad de regular su educación primaria. A pesar de esto, la 1.420 se transformó en un texto modelo a seguir, de manera más o menos formal, por las provincias para llevar adelante sus sistemas educativos, y fue más potente aún cuando la Ley Láinez permitió al Estado nacional abrir escuelas bajo su propia jurisdicción en las provincias. Con la transferencia de las escuelas a las jurisdicciones provinciales, en 1978 y 1991, la 1.420 quedó sin ámbito de aplicación.

6. Una vez que la Ciudad de Buenos Aires adquirió el rango de autónoma a partir de la última reforma constitucional, se vio facultada para darse su propia Constitución. En ella, se le imprime, esta vez sí, el carácter laico a la educación pública de gestión estatal, tales sus palabras en el art. 24º. Lo que en la 1.420 era un presupuesto, en la Constitución de CABA es algo explícito.

7. La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, es la columna vertebral legal del sistema educativo argentino, hoy por hoy. En ella no se hace mención a una educación laica, ni tampoco se prohíbe la educación confesional dentro de la gestión privada. De hecho, reconoce a los cultos registrados una función educadora. La “prescindencia” de esta ley en esta materia, sumada a la Constitución de la Ciudad, son testimonio suficiente para reclamar la laicidad que el Estado nos debe garantizar a quienes trabajamos y estudiamos en la escuela pública dependiente del GCBA.

O sea

La Argentina es un país predominantemente católico, y su ciudad capital no es la excepción. No obstante, las leyes garantizan el carácter laico de la educación pública, heredera de las tradiciones de la Ley 1.420. Todavía subsisten, en muchísimas escuelas, símbolos religiosos –católicos–: vírgenes, santos, crucifijos, imágenes de papas. Y más en estos tiempos, cuando Bergoglio ha adquirido una centralidad inédita para un papa de la Iglesia, en nuestra cultura y en nuestra política. Francisco se ha alzado con una legión de fanáticos –y de detractores por derecha, también hay que decirlo– y su palabra parece haberse transformado en incontrovertible. En esa línea, la clase política argentina se ha plegado a esa oleada papista, empezando por la presidenta de la Nación como así también los principales candidatos, en este año en que se elige presidente. Daniel Scioli, Sergio Massa y el todavía Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri (y toda la cúpula del PRO), se han declarado fans quinceañeras del titular de la última monarquía absoluta teocrática que queda en la Tierra.

Quienes entendemos la libertad de cultos como una acción privada y de elección individual, así como defendemos la estricta separación entre Iglesia y Estado –cortando todo flujo de fondos públicos, de esta manera, a las confesiones religiosas– exigimos que se retiren inmediatamente todos los íconos religiosos de las escuelas públicas porteñas, tal como manda su Constitución. Creemos que la escuela es un ámbito de construcción de conocimiento y búsquedas artísticas a través de los métodos académicos establecidos, y no de magias sobrenaturales. La religión es un interesantísimo objeto de estudio filosófico, artístico, histórico y científico, pero en tanto creación cultural humana. Eso, y sus consecuencias sociales, deberían estudiarse y debatirse libremente, y no bajo la mirada de un Cristo sufriente o de un papa de la Iglesia Católica que, en las escuelas públicas, son violaciones directas al texto constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No se puede evitar pensar que, en un momento histórico en el cual la palabra de un político astuto (el papa es, fundamentalmente, eso) es considerada «santa» por gran parte de la población, la simbología que a él remite impone una forma de pensar, prescribe moral, establece deberes que pertenecen a un dogma eclesiástico. Justamente de esas imposiciones y modelos morales (que no tenemos por qué compartir) nos protege la Constitución Nacional estableciendo la libertad de cultos de los habitantes.

La incompatibilidad entre el dogma sobrenatural religioso y la construcción racional que debería darse en la escuela es atronadora y obtura cualquier avance del pensamiento humano. No obstante esto –que será objeto de otros análisis– este reclamo parte de un respeto a las leyes establecidas, herederas de la precaria pluralidad que nuestra sociedad, a los tumbos y con idas y venidas, ha logrado construir.

¿Qué hacer?

En este link, podés firmar la petición Change.org que se ha presentado al Defensor del Pueblo de la CABA para que haga lugar al retiro de las imágenes religiosas de las escuelas públicas de gestión estatal.