Fue la pluma

A comienzos de esta semana, el Director de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (en los hechos: el Ministro de Educación), Alejandro Finocchiaro, firmo la Resolución 7 (disponible en este link), que fue presentada en algunos medios como la «prohibición de la actividad política en las escuelas», o la «prohibición de los centros de estudiantes». Esta lectura es errónea, y conviene ir por partes.

Los actos partidarios en las escuelas, en la Provincia de Buenos Aires, están prohibidos desde 1984, como bien señala Marina Larrondo. Lo que la Resolución 7 indica, concretamente, es la extensión de esa prohibición por fuera del horario escolar, ampliando además los tiempos de pedido de autorización (de 48 hs a 10 días).

El texto de la Resolución 7 está prácticamente copiado del Reglamento Escolar de CABA, puntualmente de su artículo 18 (disponible en nuestra sección Normativa), que regula el uso del edificio escolar por fuera del horario de dictado de clases. Sólo que la Resolución 7, por ejemplo, no prohíbe los actos religiosos -tampoco los promueve, pero lo que no está prohibido…-. Cabe recordar que la educación pública de CABA es laica por Constitución local, no así en PBA.

La pregunta es: ¿cómo considerar que un acto es partidario? ¿una jornada de pintada de aulas con una remera de la Juventud PRO, es un acto partidario? ¿un ciclo de cine-debate organizado por agrupación estudiantil emparentada con un partido político, es un acto partidario? ¿una asamblea sindical docente con un compañero con una remera de Cristina, es un acto partidario? Y así sucesivamente. Concretamente: eso se resolverá al interior de las escuelas, y en función de las relaciones de fuerza existentes. Esto quiere decir que dependerá de la capacidad de presión de los actores que deseen realizar un acto que pueda ser interpretado por las autoridades como «partidario», y de la voluntad de la conducción del establecimiento o del Consejo Escolar para interpretarlo de esa manera. Ahí el gobierno de la Provincia no corta ni pincha. Y lo más probable es que todo siga como hasta ahora en ese sentido: sólo que algunos agentes, más vinculados con cierto fascismo residual macartista tan adherido a las paredes escolares como la grasa a las cocinas de los restaurantes, van a estar -por un par de semanas, ya que suelen desconocer por completo la normativa escolar- más atentos. Y eso será un elemento más a sopesar en esas relaciones de fuerza mencionadas.

Por otro lado, ningún ministro de educación provincial, ni nacional, tiene la capacidad de prohibir los centros de estudiantes. Estos organismos están garantizados por la Ley de Educación Nacional (artículo 126, inciso h), y regulados por la ley nacional 26877, cuyo texto se dedica exclusivamente a reglamentar este derecho. De manera que existe un importante cuerpo legal, muy por encima de las atribuciones de los gobiernos provinciales, que garantiza el funcionamiento de estos espacios. Y, de hecho, el Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires también garantiza el derecho de conformar Centros de Estudiantes (artículo 8, inciso h), y la Resolución 7 no hace absolutamente ninguna referencia a ese punto.

(En esta instancia, cabe hacer la aclaración de que los colegios dependientes de las universidades nacionales no están alcanzados por ninguna norma jurisdiccional, ya que las universidades gozan de autonomía para dictar sus propias reglas sobre este y otros temas.)

¿Cuál es el objetivo de prohibir algo que ya estaba prohibido, o más bien de extender lo prohibido dentro del horario a fuera del horario?

Quedar posicionado como un «normalizador» -con todo lo que esto indica: trazar un horizonte de «anormalidad» en la gestión política anterior, y recuperar la «esencia» de una institución- de una presunta -y falsa de toda falsedad- «hiperpolitización K». Es vender que la escuela es una especie de cámara de vacío, no atravesada por todos las variables que afectan a la sociedad, y por lo tanto a cualquier agencia estatal. No hay forma de no hablar -y hacer- política en la escuela, pues cada decisión que allí se toma -como en todos los órdenes de la vida- es parte de un artificio políticamente construido. ¿No es política la solidaridad? ¿No es un acto político el compromiso con mi compañero de aula, con los trabajadores docentes, pintar un aula para que estemos más cómodos en un espacio que compartimos 9 meses al año? ¿No es un acto partidario la presencia en la escuela de un funcionario de gobierno de primer nivel, arengando con los presuntos logros de su gestión? ¿No es profundamente político prohibir los actos partidarios?

Finocchiaro parece apelar al votante emocional antikirchnerista, que cree en la neutralidad científica y en la apoliticidad de las instituciones del Estado -pero al mismo tiempo adora cazar militantes K a través de las redes sociales- para obtener unos minutos de aire y un par de zócalos de TV donde pueda plantear que «se acabó la joda».

Prohibir lo que ya estaba prohibido, regular lo ya regulado, caer en la redundancia: márketing punitivo macrista, acorde con el año electoral que se viene. En los años electorales es habitual, por parte de los proyectos políticos sin ideas de avanzar con el bienestar de la ciudadanía, apelar a las fórmulas punitivistas clásicas: debatir la baja de la edad de imputabilidad -aunque la cantidad de delitos cometidos por menores sea exigua en relación al total, aunque en estos días se elija amplificarla para situar en el centro de la agenda una estadística marginal-, poner el foco en los inmigrantes -aunque la población extranjera no supera el 6% de los 40 y pico de millones de habitantes-. Un clásico. Y ante ese punitivismo, Finocchiaro y Vidal hacen su parte: mientras negocian con la maldita policía una gobernabilidad sin demasiados sobresaltos, mientras se retiran a Playa del Carmen al tiempo que reprimen a inundados, emiten normas redundantes para salir en los diarios.

Humo. Una vez más. Humo.