Laicidad educativa en el siglo XXI: estado de situación del caso Salta

El caso Salta

El próximo 16 de agosto tendrá lugar una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función del caso “Castillo, Carina Viviana y otros c/Provincia de Salta, Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/amparo” (Expte. Nº CSJ 1870/2014/CS1). En él, un grupo de familias, con la intervención de la Asociación por los Derechos Civiles, le solicitan al máximo tribunal que declare la inconstitucionalidad de los artículos 8 inciso “m” y 27 inciso “ñ” de la ley de educación provincial. Los mismos indican que:

Artículo 8. Los principios, fines y criterios de la educación en la provincia de Salta son:

Inciso “m”: Garantizar que “los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución de la provincia de Salta.

Artículo 27. La Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una formación integral, básica y común. Son objetivos de la Educación Primaria en la provincia de Salta:

Inciso “ñ”: Brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa.

El caso, que fue escalando en las instancias del poder judicial de Salta, llega ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procurador Víctor Abramovich emitió un dictamen (no vinculante) sobre el caso, recomendando al máximo tribunal hacer lugar al reclamo y declarar incompatibles los artículos mencionados. Los argumentos principales hacen énfasis sobre la flagrante violación a los derechos a la libertad de culto, a la intimidad y a la educación sin discriminación, entre muchos otros. Aunque la Constitución Nacional le da a las provincias, en su artículo 5, la potestad de organizar su educación primaria –en ejercicio de su autonomía dentro del marco del régimen federal–, los derechos vulnerados están por sobre esa atribución, al estar garantizados por la misma Constitución Nacional y Tratados Internacionales diversos con rango legal en nuestro país.

Para esto, Abramovich toma las pruebas que constan en el expediente, en las cuales se deja constancia de situaciones evidentes de violación de los derechos mencionados anteriormente. Son especialmente esclarecedores los argumentos vertidos por el procurador en las páginas 8 y 9, que reproducimos a continuación:

“Tal circunstancia derivó en que alumnos que no son católicos –en particular, ateos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones y adventistas– recibieran educación en el catolicismo (fs. 267/72, 276/7 y 282). Por ejemplo, en la Escuela nro. 4734 -Dr. René Favaloro-, en el año 2010, en el nivel primario participaron 680 alumnos de la clase de educación religiosa de los cuales 21 pertenecían a la religi6n evangélica, 5 eran testigos de Jehová y 6 se manifestaron no creyentes. Sólo 2 alumnos optaron por no participar de la clase, aunque al menos 34 manifestaron no ser católicos (fs. 268). En la Escuela nro. 4077 –Juana Moro de López-, en el año 2009, en el nivel primario 267 alumnos participaron de la clase de religión de los cuales 37 no son católicos; sólo 2 alumnos no participaron de la materia (fs. 269/70). En la Escuela Bartolomé Mitre, en el año 2009, participaron 1012 alumnos de la clase de religión de los cuales 96 no son católicos; ninguno optó por no participar (fs. 271/2). Durante el mismo año, en la Escuela Dodi Aráoz Usandivaras participaron 406 de la clase de religión de los cuales 27 se manifestaron no católicos y ninguno optó por no participar (fs. 276/7). En la Escuela Jacoba Saravia, durante el 2010, 507 alumnos cursaron la materia religión de los cuales 24 manifestaron no ser católicos (fs. 282).

“La participación de alumnos en la instrucción católica aun en contra de sus creencias es corroborada por los formularios de opción acompañados, donde los padres manifiestan que no profesan ninguna religión y, sin embargo, consienten que sus hijos reciban enseñanza religiosa escolar (fs. 274). En algunos casos, los padres y representantes legales adujeron que autorizaron que sus hijos permanezcan en la clase de religión a fin de que no sean individualizados y segregados (fs. 281) o por cuestiones de seguridad (fs. 261).

“El hecho de que muy pocos padres o representantes legales hayan elegido no participar en la educación contraria a sus creencias se explica, en parte, porque las escuelas no ofrecían instrucción religiosa en creencias distintas al catolicismo ni otras opciones académicas, aun cuando el texto de la ley local y la disposición nro. 45/09 de la Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial enunciaran esas alternativas. En efecto, las constancias de la causa muestran que, dependiendo de cada escuela, en los pocos casos en que los padres y representantes legales expresaron su deseo de que sus hijos no participen de la clase de religión, estos concurrían a la biblioteca y, ocasionalmente, permanecían en el patio (fs. 255/6 y 265); llegaban más tarde (fs. 250/1); o efectuaban acuerdos con la escuela para la incorporación de contenidos en valores universales (fs. 254 y 259/64). En ningún caso se acreditó la existencia de una educación alternativa en otras religiones o en otras materias que estuviera disponible para los que no deseaban recibir instrucción en la religión católica.

“A su vez, la educación religiosa en el horario escolar fue ejecutada a traves del formulario creado por la disposición nro. 45/09 de la Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial. De los formularios obrantes a fojas 243/6 surge que los padres y tutores deben manifestar si desean que sus hijos reciban educaci6n religiosa y, en caso afirmativo, respecto de qué credo. Esa manifestación es archivada en el legajo del alumno. De este modo, el formulario obliga a quienes desean recibir instrucción religiosa a revelar su religión o creencias. Además, la organizaci6n de la materia durante el horario escolar y como parte del plan de estudio, permitió, en los hechos, poner en evidencia a aquellos que no profesan esa religión (por ejemplo, fs. 261, 274 y 281). Al respecto, cabe advertir que los pocos alumnos que optaron por no participar de la materia recibieron la denominación de “no creyente” en el boletín de calificaciones y en relación con la enseñanza religiosa (fs. 25).”

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En relación a la convocatoria de la Corte Suprema de la Nación, presentamos este escrito para adjuntar a nuestro mapa de la laicidad educativa en Argentina, de manera que participemos como amicus curiae (apoyando, con argumentos, a una de las partes involucradas) contra el Estado de la Provincia de Salta. En él hacemos énfasis en el perjuicio pedagógico que generan este tipo de prácticas.

Laicidad en el siglo XXI

La laicidad educativa es una de las tradiciones de la educación en nuestro país, y tal vez el mejor legado de Domingo Faustino Sarmiento y la Generación del 80. Sin embargo, ni entonces (en 1884 con la sanción de la ley 1.420) ni ahora esa tradición fue unánime y exenta de tensiones, como todas las tradiciones.

A la luz de un consenso –sólo en apariencia– universal sobre la importancia de la libertad de culto, tal vez es momento, en el siglo XXI, para establecer nuevos parámetros que permitan darle a este derecho individual y personalísimo nuevas dimensiones.

Como bien se basa la causa que se lleva contra el Estado salteño y retoma el procurador Abramovich, la clave son las acciones de discriminación y estigmatización, puntales en las conductas sociales del siglo XXI que promueven el deterioro del tejido social. Hoy en día circulan bastante las posturas que bajo el disfraz de una –bastante retorcida– libertad de expresión agreden a sectores vulnerables y/o minoritarios desde posturas mayoritarias. A veces también se argumenta una presunta “hegemonía de la corrección política” supuestamente asfixiante y castradora. Lo cierto es que, en la enorme mayoría de los casos, quienes enarbolan estas extrañas banderas lo hacen para deslizar posiciones racistas, machistas, excluyentes, xenófobas y otros hallazgos de la miseria humana. Más aún: con sólo prender los canales de aire en la televisión argentina o escuchar a varios de los “intelectuales orgánicos” de este gobierno esto es fácilmente corroborable.

De manera que, en un contexto donde los discursos estigmatizantes han recuperado vigencia de la mano de proyectos políticos que hacen de eso su núcleo duro –de Cambiemos a Donald Trump–, se vuelve imperioso resguardar legalmente los más elementales derechos individuales, como si estuviéramos saliendo de la Edad Media. O, precisamente, porque tal vez estamos entrando en otra.

Las formas que las derechas, y sus dispositivos discursivos más feroces, han logrado penetrar las democracias latinoamericanas difiere en las metodologías que adquirieron durante la segunda mitad del siglo XX: ya no se producen golpes de Estado encabezados por las Fuerzas Armadas, martillo decapitado de la barbarie, sino por vías legales de dudosísima legitimidad –como en Brasil– o, como en Argentina, por la vía electoral. Asimismo, y traduciendo estos proyectos al ámbito educativo, las estrategias privatizadoras no consisten en elaborar maniobras salvajemente literales que conviertan escuelas en shoppings, o de implementar la religión como materia en las escuelas públicas –y es por eso que los casos de Salta, Tucumán y Catamarca son anacronismos–. Hoy los mecanismos son más sutiles: hacer del sistema educativo un mercado para el ingreso de corporaciones evaluadoras, capacitadoras y otras yerbas –como afirma Adriana Puiggrós y ya está pasando, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– e ir produciendo una migración matricular público-privada por goteo, por la vía del desfinanciamiento de la escuela pública y el sostenimiento de un statu quo (escolar, disciplinar, estructural) insostenible.

Aunque –como se señaló– la imbricación Estado-Iglesia católica es un anacronismo previo al siglo XVIII, aún sobrevive en instrumentos legales elaborados en el mismo siglo XXI, gracias al poderoso lobby de esta institución en algunas regiones del país. Y aunque –esperamos– irá menguando progresivamente, es indispensable producir una conciencia para defender a rajatabla esta intromisión sobre los más básicos derechos individuales. El 16 de agosto es la audiencia pública, y quienes defendemos la educación pública, laica, gratuita y desmercantilizada debemos estar atentos acerca de lo que está en juego allí.

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