Fue la pluma

            Durante el primer mes de su gestión, Mauricio Macri parece haber aprovechado el pico de la legitimidad que lo consagró Presidente de la Nación para instrumentar medidas que, en otro contexto, serían abiertamente impopulares (inflación disparada por devaluación del dólar, despidos por miles, sospechas ideológicas, quitas de subsidios y derivación de miles de millones de pesos al capital concentrado, represión de la protesta social).

            En lo que hace a la cartera educativa, más allá de los anuncios del Ministro Esteban Bullrich sobre una ley para castigar severamente la violencia contra los docentes o la instrumentación de mecanismos de evaluación, es poco lo que se ha hecho en términos concretos.

Decretos, decretitos

           La presencia del Ministerio de Educación en la agenda pública del mes que pasó fue mínima, y se supeditó a los ya mencionados anuncios –que no redundaron en ningún proyecto que se tenga conocimiento– y a la polémica generada en torno al DNU 13/2015, que presuntamente retrotraía el andamiaje legal del sistema educativo nacional a instancias previas a las leyes promulgadas durante el kirchnerismo (de Financiamiento Educativo, de Educación Técnica, de Educación Sexual Integral y de Educación Nacional, entre las fundamentales). Como afirmamos aquí, esa presunción era incorrecta: por su propia redacción el DNU 13/2015 no retrotraía nada.

            No obstante, los sindicatos docentes presionaron para que se efectuara una corrección sobre el error de aquella norma. El 11 de enero salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 57/2016, que los sindicatos festejaron como “triunfo de la lucha”, sosteniendo que corregía el error del 13/2015. En rigor, el decreto 57/2016 no corrige nada, sino que detalla el organigrama del Ministerio de Educación y Deportes, que había sido creado por aquel decreto. En ninguna parte de la redacción, ni de sus anexos, el decreto habla de erratas sobre el DNU 13/2015. Lo único que, en todo caso, puede ser interpretado como “corrección” es que al plantear las funciones de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, la Subsecretaría de Innovación y Mejora de los Aprendizajes, la Secretaría de Gestión Educativa, la Subsecretaría de Gestión y Políticas Socioeducativas, las supedita a las metas y objetivos de la Ley de Educación Nacional, que era una de las leyes que presuntamente habían sido “borradas de un plumazo” con el DNU 13/2015. Con la salvedad de la LEN, el decreto del 11 de enero no menciona en ningún lado a las leyes que se mencionan en el segundo párrafo de esta nota. De manera que, aunque la corrección fuera más una demanda política que una necesidad legal –dado que no había perjuicio de la normativa educativa–, ni siquiera se puede afirmar que el 57/2016 lo haga. Igualmente, los sindicatos festejaron. Y no mencionaron una duda contundente que surge con el nuevo organigrama:

¿Cómo afecta la inclusión de “Deportes” al Ministerio de Educación el presupuesto garantizado por la Ley de Financiamiento Educativo?

            La ley 26.075, de Financiamiento Educativo, es uno de los grandes logros de la democracia argentina desde su recuperación en 1983. Garantiza que el 6% del PBI sea destinado a Educación, Ciencia y Tecnología. De acuerdo a la propia ley, y a decretos subsiguientes, se detalla cuáles son las fórmulas que se utilizan para calcular ese monto, y cómo se destina: cuánto aporta el Estado nacional, cómo se deriva a las jurisdicciones, etc. Pero la ley nada dice de qué podría suceder en casos de cambios de denominación del Ministerio. El presupuesto va a los Estados (nacional, provinciales y CABA), no puntualmente a un ministerio. En su artículo 2º, la ley es bastante específica acerca del uso que se le tiene que dar a ese dinero. Y en ninguna parte se menciona que “Deportes” sea un destino del mismo. De esa manera, en teoría, debería quedar zanjado el tema: la secretaría de Deportes del Ministerio de Educación y Deportes debería contar con financiamiento aparte. Pero, ¿de dónde sale este presupuesto? No hay ley que lo especifique, salvo que nos remitamos a la ley 27.202, sancionada durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde establece partidas específicas para el área, en su artículo 6º. Sin embargo, esa ley crea entes que no están, por el momento, bajo la órbita de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Educación. Esa ley hoy por hoy está vigente. ¿Se transfiere el presupuesto de esa ley al Ministerio de Educación y Deportes?

            Lo que complejiza aún más estas preguntas es el hecho de que la Secretaría de Deportes, a cargo del ex jugador de fútbol Carlos MacAllister, tiene como nombre completo el de “Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación”. Es de suponer que los ámbitos dedicados, dentro de la órbita educativa, a diagramar las políticas nacionales sobre Educación Física dentro del sistema educativo nacional, no sean transferidas a esa secretaría. Sin embargo, el decreto 57/2016 estipula que la Subsecretaría de Ed. Física, Recreación e Infraestructura tiene entre sus funciones “Entender en el diseño, gestión, aplicación y supervisión de la política educativa en materia de educación física”, y “Entender en la elaboración, ejecución y supervisión de la política educativa para todos los ciclos, niveles y modalidades en el orden estatal y no estatal de la educación física, en articulación con la Secretaría de Gestión Educativa”, esto es, con Max Gulmanelli. ¿Cómo impacta esto en el presupuesto? ¿Debe esta subsecretaría responder a la Secretaría de Deportes o debería estar bajo la órbita de las reparticiones educativas? Aún no ha sido nombrado su titular.

            De esta manera, lo poco que conocemos de la política educativa del PRO a nivel nacional pone en cuestión el presupuesto destinado a Educación, generando más dudas que certezas. Falta delinear en detalle las partidas presupuestaras asignadas a cada secretaría, y especificar cuál va a ser la relación entre Deportes y el resto del Ministerio. MacAllister habló de crear clubes en las escuelas. Pero nuevamente, hasta ahora son sólo declaraciones en el aire.

De la CABA a la Nación: dos problemas

            Las designaciones en el área educativa, hasta el momento, replican la estructura que se formó en la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Bullrich. Esto significa que las personas encargadas de delinear programas a nivel nacional, y de articular esas políticas con las jurisdicciones, todas provienen de la gestión porteña. No hay ni una sola persona que provenga del interior del país. Esto puede generar problemas en la gestión diaria, ya que se trata de funcionarios que desconocen por completo realidades tan diferentes y necesidades tan específicas como las de Formosa, Tierra del Fuego, Córdoba, Neuquén o Catamarca, por citar algunos casos de escenarios educativos completamente distintos. Distintos entre sí, y distintos además de la realidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con el presupuesto más alto del país para el sector, y de un territorio minúsculo. Tampoco tiene problemas de ruralidad, al ser la CABA una ciudad. En síntesis, la burocracia porteña desconoce la problemática profunda de las provincias, y Bullrich no se ocupó de designar a nadie que le pudiera aportar una visión federal del tema. Lo único que ha hecho, hasta el momento, fueron reuniones express con gobernadores y ministros de distintas provincias, divulgadas a través de su cuenta de twitter.

            El segundo inconveniente lo presenta el mismo Ministerio: la educación nacional requiere manejo de cuestiones radicalmente distintas a las de CABA. La agenda diaria del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la cotidianeidad escolar: cuestiones de infraestructura (pintura, electricidad, plomería, insumos), carrera docente (sumarios, licencias, liquidaciones de haberes). Esto se debe a que es, justamente, una ciudad autónoma. Combina funciones de gestión municipal (cambiar un vidrio roto) con provincial (liquidar los sueldos). El Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas ni paga salarios a los docentes. Tampoco está entre las prerrogativas del Ministro delinear las políticas educativas: para eso está el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de todos los ministros de las jurisdicciones más la conducción ministerial nacional. De allí sí, salen las directivas sobre los NAP (núcleos de aprendizajes prioritarios: los “contenidos” básicos a dar en las aulas de todo el país) y sobre la estructura del sistema educativo. Por fuera del CFE, el Ministerio de Educación articula políticas socioeducativas, logísticas, planes de enseñanza de distintas materias, publicaciones, etc. En resumen, sus funciones no tienen nada que ver con la política educativa diaria de CABA. Ni Bullrich, ni ninguno de los funcionarios que designó, tienen la más mínima experiencia en ello.

            En este blog también señalamos cuáles son los “talentos” de Bullrich, que constituyen su principal (y tal vez único) capital político: la negociación sindical (en esta nota). En CABA, transitó esos desafíos exitosamente en base a ciertos acuerdos tácitos –o no tanto– con algunas conducciones sindicales, aunque públicamente hubiera un enfrentamiento verbal. Los otros dos sostenes de la gestión de Esteban Bullrich en CABA fueron la Iglesia Católica (representada, en la gestión nacional, por Max Gulmanelli, prominente miembro del Opus Dei que ahora fue designado Secretario de Gestión Educativa) y las ONGs, a través de las cuales Bullrich logró tercerizar aspectos delicados de lo educativo (el vínculo PRO/ONGs no es privativo de la esfera educativa, como señalamos acá). Ninguno de esos talentos, repetimos, tienen demasiada relevancia para la gestión educativa a nivel nacional.

Más preguntas que respuestas

            No se sabe prácticamente nada sobre la política educativa del PRO a nivel nacional. Quedaron planteadas las preguntas que genera la inclusión de la Secretaría de Deportes bajo su órbita, especialmente en lo que hace al tema presupuestario. Bullrich ha desembarcado en la Nación con un cuerpo burocrático con escasa formación docente, pero que además desconoce la articulación con las provincias, sus realidades, sus complejidades, y cuya única esfera de experiencia estuvo marcada por una dinámica completamente diferente de los desafíos que deben afrontar.