El modelo educativo de las nuevas derechas

Días atrás publicamos un post más coyuntural sobre el avance de las derechas en el mundo y nuestras posiciones, nuestros debates, nuestras deudas. Sin embargo, en ese post poco se describía acerca del modelo que ofrecen estas avanzadas, y que el macrismo claramente intenta imponer en Argentina. Aquí van algunas líneas (se sugiere, de todos modos consultar el completísimo informe elaborado por CTERA en 2018 “La privatización educativa en Argentina”):

Desregulación laboral

Es importante entender que las reformas educativas deseadas por las derechas parten de un principio fundamental: flexibilizar las relaciones laborales. Los derechos conquistados durante el siglo XX –vacaciones pagas, indemnización por despido, jubilación– son los tres grandes objetivos. El Estatuto del Docente nos protege y nos da estabilidad, siempre y cuando trabajemos en la gestión estatal (y, en algunos casos, sujetos a decisiones intempestivas como cierre de cursos y escuelas, que efectivamente cesantean docentes). Como parte de la normativa emanada del Estado de Bienestar, el Estatuto es el principal obstáculo que tienen las derechas –en Argentina, el macrismo– para imponer sus reformas. Entre otras cosas, el “prestigio” que la educación de gestión privada ostenta en Argentina está vinculada con el diferencial regulatorio permitido por los Estados provinciales. Concretamente: las escuelas privadas pueden seleccionar libremente a sus alumnos y a sus docentes, adecuando su oferta a la demanda de sus comunidades de manera lineal, y librándose de “malos elementos”. Esto da tranquilidad a las clases medias y altas –y bajas también– de que sus hijos estarán en un entorno “cuidado”, aunque la mayoría de las veces esto es mucho más mito que realidad. Lo cierto es que las escuelas privadas pueden despedir sin más restricciones que la indemnización a sus empleados, a sola firma de la conducción escolar, cosa que no sucede en las escuelas de gestión estatal –los mecanismos de separación de cargo son más largos y burocráticos. Si bien es esencial proteger la garantía del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes e impedir que adultos inhabilitados estén a cargo de ellos –acelerando la separación del cargo cuando fuera realmente necesario–, el Estatuto impide también que uno sea despedido por sus ideas políticas –cosa que ha sucedido en las escuelas privadas, principalmente en el marco del debate sobre el aborto–, y permite tomar la licencias que correspondan por enfermedad sin que eso se preste a la especulación corporativa de los patrones.

Dicho de otro modo: un docente recién ingresante a una escuela privada debe pensar varias veces antes de pedir una licencia usual como enfermedad, o examen, o cuidado de familiar enfermo, porque de esa manera estaría acercándose a un despido si tuvo la mala suerte de que necesitara varias licencias en un plazo corto.

Más que en la imposición de un cambio cultural –esto lo abordaremos más adelante–, las reformas educativas por derecha deben ser miradas desde este ángulo: la desregulación de las relaciones laborales, la descarga del Estado de sostener los salarios (que en Argentina se expresó en la suspensión de las paritarias nacionales a partir de 2017) y los derechos laborales asociados. Ante la dificultad de abolir el Estatuto por parte de los gobiernos de derecha, se exploran nuevas posibilidades vinculadas a la tercerización de los servicios.

Tercerización

Este factor consiste en abrir caminos a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, como también directamente a empresas, para que presten servicios educativos en distintos nichos del sistema. Una fundación clásica en este sentido es “Enseñá por Argentina” cuyo titular, Oscar Ghillione, es hoy el Secretario de Gestión Educativa de la Nación. Esta ONG, con aportes de corporaciones nacionales y multinacionales como Exxon Mobil, DHL, Ledesma, Roche, Banco Galicia, DirecTV, Renault, Banco Comafi, Banco Santander, entre otros –que desgravan impuestos en este tipo de organizaciones gracias a los mecanismos de la llamada Responsabilidad Social Empresaria, o sea, auspician estas iniciativas para pagar menos impuestos– capacita a profesionales universitarios para que, durante dos años, den clases en el sistema solos o acompañando a docentes profesionales, y les otorga un estímulo mensual –ostensiblemente inferior al salario docente, naturalmente. De esta manera, se apunta a la desprofesionalización de la docencia: cualquier profesional con buena voluntad y tiempo libre puede ir y meterse en un aula, como si la enseñanza no fuera una profesión específica que requiere formación específica, pero también se apunta a la baja de los salarios y a que otros organismos –fuera del Estado– paguen los salarios correspondientes (vale recordar que los subsidios estatales a las escuelas privadas consisten precisamente en el pago de los sueldos). De esta manera, las “buenas voluntades” horadan la profesionalización docente (Estatuto, salario regulado, derechos laborales) y permiten el ingreso de pseudo docentes que, con una formación mínima y salarios precarizados, cumplen su función.

Sin embargo, hay formas mucho más subrepticias y sutiles en las que opera esta tercerización. Se dan en el campo de la formación continua, es decir, la capacitación a los docentes en ejercicio. Si bien muchas provincias tienen sus organismos de formación continua públicos, hay una buena parte de la oferta que pasa por cursos ofrecidos por, nuevamente, fundaciones y ONG, que muchas veces se “legitiman” a través de una alianza con una universidad privada, que puede proveer los cuadros técnicos más calificados y que coordinan la oferta. Hay algunas pocas corporaciones multinacionales que operan en este sector, también vinculadas a las plataformas virtuales que forman parte del esquema mercantilizador. La Fundación Varkey es la más importante, que lentamente está logrando una importante penetración en sus vínculos con Estados nacionales y comunidades locales.

La habilitación a todos estos agentes extra estatales para operar en el sistema educativo –con un criterio desprofesionalizante y capitalista– implica también la desregulación, y dispersión de los lineamientos curriculares, ya que cada fundación pone el eje en cosas distintas de forma completamente desarticulada y espasmódica: formación de líderes, enseñanza de la astronomía, educación emocional, neurociencias rebajadas y adaptadas a cualquier cosa. El efecto de esto es potenciar aún más la desigualdad y fragmentación del sistema educativo que en Argentina está partido en 24. Pero esta consecuencia ya ni siquiera reduce a las desigualdades existentes entre los distintos Estados provinciales, sino que se agrava por la brutal desarticulación de la oferta de formación continua. Todo esto, naturalmente, aprobado por los ministerios de educación de cada provincia y con el puntaje correspondiente. Algunas veces, incluso, contra el pago de un canon relativamente alto, se pueden conseguir cursos dictados por estas fundaciones que otorgan más puntaje que un posgrado universitario con tesis incluida, en una universidad nacional.

Estos esquemas, decíamos antes, abren la puerta a propuestas motorizadas únicamente por el lucro capitalista –disfrazado de altruísmo corporativo, como la Responsabilidad Social Empresaria–, lo cual desarticula todavía más la lógica del sistema educativo. También se ponen en cuestión, entonces, los objetivos vinculados a la integración social, a la transmisión cultural y a pensar la articulación educación/producción en términos soberanos, para abrir las puertas de par en par a empresas de rapiña.

Mercantilización

Este proceso está invariablemente asociado a la tercerización. Los procesos de privatización del sistema educativo ya no consisten simplemente en empresas que montan escuelas. El subsistema de gestión privada, en Argentina, tiene un gran protagonismo de la Iglesia Católica, pero también de otros cultos minoritarios –hay escuelas judías, musulmanas, evangelistas de diferentes corrientes–. Pero estas instituciones, por regla general, no se rigen a través de una lógica de lucro capitalista, como explicamos acá: el sistema educativo es el principal canal de subvención del Estado a la Iglesia. Las corporaciones multinacionales no apuntan a poner escuelas sino, como se explicó anteriormente, a aprovechar diferentes nichos del sistema educativo, como la formación docente continua, pero también los operativos de evaluación y las plataformas virtuales con contenidos “enlatados”. Vamos por partes.

Sobre la formación docente continua habría que agregar, a lo ya dicho en el apartado anterior, que es uno de los resquicios por donde se generan negocios para empresas editoriales y de software –con plataformas virtuales.

Sobre los operativos de evaluación –como las más conocidas, las PISA– debe tenerse en cuenta que hay entidades intermedias, de la industria editorial y la consultoría (como Pearson, que se promociona en Google como “La compañía de educación del mundo”) que preparan los cuadernillos y las plataformas digitales para la implementación y el procesamiento de las pruebas PISA. Gabriel Sánchez Zinny, ex director del Instituto Nacional de Educación Técnica y actual Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, fue representante de Pearson para América Latina. Como se observa, hay una penetración grande, en la burocracia estatal de la era Cambiemos, de cuadros vinculados a las distintas facetas del proyecto educativo de las nuevas derechas. Finalmente, la misma Pearson, como también el Grupo Prisa (propietario de Santillana) y otros desarrollan contenidos curriculares de uniformidad global, esto es, que no atienden a las particularidades nacionales y subnacionales de los Estados que los contratan (que se ahorran así contratar especialistas para que desarrollen una currícula adaptada a las realidades locales).

Sobre las plataformas virtuales, acá entra el aspecto más distópico de la mercantilización educativa, con la presencia de los gigantes globales digitales: Facebook, Google, Microsoft. La empresa de Mark Zuckerberg ya ha desarrollado una plataforma educativa que recientemente generó escándalos: Summit Learnings. Por otro lado, se extienden cada vez más las aplicaciones de Google para la enseñanza: Google Classroom ha crecido cada vez más a partir del convenio de esta empresa con distintos gobiernos para proporcionar una plataforma de correo electrónico oficial, pero también entornos de enseñanza y aprendizaje virtual. La pregunta que se impone, directamente relacionada con una de las variables más críticas de la reproducción del capitalismo actual es: ¿Qué pasa con los datos que se producen en esos entornos? ¿Pueden entrar en las rutas actuales de tráfico de datos para generar campañas publicitarias –y electorales– personalizadísimas? Claro que sí. Nunca antes en la historia las empresas tuvieron un detalle tan exacto y minucioso de nuestros comportamientos como con las redes sociales y hasta las aplicaciones más banales que usamos con el celular (por caso, las aplicaciones de gestión del ciclo menstrual, que pueden aportar semejante información individualizada a vaya a saber qué corporación: Google sabe cuándo estás ovulando y la frecuencia de tus relaciones sexuales).

Pero volviendo a lo anterior, dejamos planteado uno de los aspectos críticos de la educación de las nuevas derechas: la evaluación. Ésta no cumple una función únicamente de mercantilización o de relevamiento de información estadística: también es una herramienta central para la desregulación laboral.

Evaluar para desregular y ajustar

Es una obviedad que toda política pública necesita de información estadística y buenos análisis de esa información para poder ser pensada e implementada con relativo éxito. El sistema educativo es una maquinaria masiva de producción de estadísticas: aprobación, asistencia, abandono, repitencia, títulos docentes, y muchos más etcéteras. Sin embargo, como planteamos acá, en los últimos 60 años se ha ido demoliendo la legitimidad de esas estadísticas, producidas en primera instancia por las escuelas y que luego deberían sistematizarse en las agencias estatales. De esta manera, la enorme cantidad de información que el sistema produce a diario no es útil para pensar la política pública, que comienza a ser pensada desde algunos centros internacionales y multilaterales, como la UNESCO, el Banco Mundial, el BID y la OCDE.

Con criterios poco relacionados con los aspectos más sociales y culturales de la educación –como los de la OCDE, como analizamos acá–, se evalúa a los sistemas nacionales y se arma un ránking que compara la educación de países cuyas estructuras sociales –desigualdad económica y cultural, tamaño de la población, relación urbanización/ruralidad, entre tantos etcéteras– son muy difíciles de comparar de forma lineal, sin asteriscos o salvedades. Y el ránking es devastador: Argentina está muy por debajo de Singapur (!).

En Argentina se rediseñaron operativos de evaluación preexistentes a nivel nacional (los ONE: Operativo Nacional de Evaluación) para dar lugar a los operativos Aprender y Enseñar. Nuevamente, es necesario subrayar: es una potestad indelegable del Estado evaluar al sistema educativo. El problema es su uso político.

El Banco Mundial, uno de los think tanks más extraviados y brutales sobre políticas educativas, recomienda en su documento “Profesores Excelentes” el uso de la estadística educativa para generar acuerdos con la sociedad civil para emprender reformas estructurales (páginas 48-49). Dicho sin eufemismos: manipular la comunicación de los resultados de los operativos de evaluación para culpar a los docentes de los malos resultados, hacer campaña con eso y negociar paritarias a la baja, con más legitimidad social. Esto es precisamente lo que ha hecho Mauricio Macri en su célebre discurso donde habló de los que “caen en la escuela pública”, en medio de la discusión paritaria de 2017. Ese año se desarrolló además, en la Provincia de Buenos Aires, la campaña de reclutar “voluntarios” para reemplazar a los docentes en huelga.

El sueño húmedo de las derechas: sacar a los docentes por ciudadanos de a pie que cuiden a los alumnos gratis.

Desde ya, la ilegalidad rotunda de dejar a los alumnos al cuidado del primer peatón que pasara por la puerta de la escuela le impidió a Vidal llegar a su Edén. De todos modos vale la pena señalar esto: más que el control ideológico –que se abordará a continuación–, el núcleo del proyecto educativo de las nuevas derechas se centra en el ajuste y la desregulación. Menos ideas, más ahorro.

Volviendo al aspecto de la evaluación, y claramente imbricado con el problema de la tercerización y la mercantilización, surge un problema central: la soberanía educativa o curricular, es decir, la potestad de los Estados a diseñar un sistema educativo que atienda a sus propias particularidades, filtrando críticamente los mandatos globales. Los operativos de evaluación internacionales -y su uso espurio- atentan frontalmente contra ella.

Soberanía educativa

Algún tiempo atrás escribimos sobre esto acá. Los operativos de evaluación diseñados o inspirados en los organismos multilaterales financieros, en combinación con la transnacionalización de los datos que pueden ser pescados en los amplios espineles de los gigantes digitales, sumados al diseño de contenidos curriculares en manos de unas pocas corporaciones editoriales dan por resultado un fuerte cuestionamiento a la potestad de cada Estado de pensar políticas educativas de acuerdo a sus propias necesidades.

La globalización es un fenómeno que comenzó con la conquista de América, pero que adquirió una velocidad vertiginosa durante los últimos 30 años, con la caída del Muro de Berlín –y la Unión Soviética como horizonte alternativo al capitalismo–, al tiempo que comenzaba a desplegarse la utopía de miles de millones de computadoras conectadas entre sí, en todo el mundo. Se uniforman los consumos materiales –de café en Starbucks, de hamburguesas en McDonald’s–, pero también los culturales: la simultaneidad de la oferta de Netflix nos marca la agenda de las ficciones sin necesidad de salir al cine a ver la última de Alfonso Cuarón.

Pero la globalización también pone en cuestión los objetivos de cada sistema educativo nacional.

Cada país pone, en sus escuelas, institutos y universidades, determinadas expectativas relacionadas a su posición en el concierto mundial de naciones y a los impulsos uniformizadores del consumo. Esto está directamente relacionado con las contribuciones que ha hecho cada país a ese orden internacional –Argentina, por ejemplo, como vanguardia en Derechos Humanos y de identidad de género–, pero también con su propia historia y legados culturales, sus propias problemáticas –no es lo mismo el racismo en Alabama que la aporofobia de Nordelta, aunque se parezcan– y su aparato y expectativas económicas.

Indudablemente, cada país soberano debe sopesar su rol en el ritmo del capitalismo mundial para pensar qué contribución, interna y externa, puede hacer a ese rol el sistema educativo. Esto implica pensar y negociar críticamente con los Organismos Internacionales –UNESCO, BID, Banco Mundial, OCDE, OEI, CEPAL– qué políticas educativas y qué líneas de crédito para posibilitarlas existen, y bajo qué condiciones. Sentarse a negociar implica tener en claro, nuevamente, los objetivos de nuestro propio sistema educativo, conociendo sus lógicas, tradiciones y potencialidades de ruptura, respetando sus tiempos e impulsando delicadamente la innovación.

La otra opción es la de las nuevas derechas: delegar la reflexión sobre esas variables en contenidos curriculares, organismos y corporaciones que aplican las mismas recetas a Corea del Sur o a Colombia, de forma indistinta. Tomar acríticamente los lineamientos de los Organismos Internacionales significa renunciar a pensar el propio país, la propia sociedad, la propia cultura. Así lo ha hecho el macrismo: no parece haber habido una sola decisión educativa autónoma a nivel nacional, que no estuviera fuertemente atravesada por la lógica de la desregulación, la mercantilización y la tercerización del sistema. Recordemos la colonización de sus agencias por cuadros pertenecientes a los principales actores que juegan en esas áreas.

Resta, sin embargo, un aspecto menos estructural y más simbólico de la educación que proponen las nuevas derechas: la fantasía distópica del control ideológico, del desterramiento escolar de toda forma de “adoctrinamiento comunista/homosexual/peronista”.

La demagogia del control ideológico

De acuerdo a las nuevas derechas, el sistema educativo está “preso” de una hegemonía colectivista/totalitaria/feminista. En sus críticas a un fantasmagórico “comunismo” –que ya no existe en lo real, pero que es asimilado a todo planteo que proponga la centralidad del financiamiento público– y al movimiento de mujeres subyace el intento de retorno a jerarquías tradicionales. Para dejarlo claro: la categoría de “nuevas derechas” que aquí se utiliza no se refiere a la novedad de sus planteos –que retoman lo más reaccionario del fascismo, del cristianismo ultramontano y del neoliberalismo– sino a la capacidad que ha tenido, en los últimos años, de articularlos y nuclearlos en propuestas políticas con fuerza electoral. Allí está Jair Bolsonaro: el experimento mundial que parece una síntesis de laboratorio de todas las aversiones del progresismo.

A nivel educativo, las nuevas derechas denuncian un “adoctrinamiento marxista” que en realidad se refiere a los lineamientos curriculares con eje en los derechos humanos y el respeto a las diversidades sexuales. Su propuesta educativa consiste en erradicar esas “tradiciones perniciosas” y alejadas de un “ser nacional” difuso –aunque el proyecto político de Bolsonaro esté salvajemente atravesado por los intereses del capitalismo transnacional, concretamente de los Estados Unidos–. Asimismo, anuncia como objetivo una “formación para el mercado”, como planteó Bolsonaro en su discurso de asunción, o presentar el sistema educativo como una gran cantera de recursos humanos para las empresas, parafraseando al ex ministro Esteban Bullrich.

Pues bien, esto es imposible.

Hemos planteado anteriormente que no es posible, en el siglo XXI, un adoctrinamiento escolar exitoso. La misma denuncia de sujetos identificados con las nuevas derechas son la prueba viviente de el fracaso del adoctrinamiento escolar. Bolsonaro intenta borrar de la memoria educativa de Brasil todo el legado del célebre educador Paulo Freire. ¿Qué puede hacer? Prohibir sus libros, los diseños curriculares inspirados en sus planteos, clausurar carreras basadas en los marcos freireanos. Pero no puede, ni podrá jamás –y esto probablemente él no lo sepa– borrarlo de la, digamos, capilaridad escolar brasilera.

Freire no son sólo textos, el marxismo tampoco. Tampoco el fascismo. Lo que Bolsonaro –y Mauricio Macri, y María Eugenia Vidal, y Horacio Rodríguez Larreta– no saben es que importa mucho menos qué opine un docente en Sala de Profesores que sus prácticas cotidianas. Los marxismos y fascismos se traslucen en las aulas de modos sutilísimos, sin estar necesariamente vinculados a una bibliografía específica. Bolsonaro –Macri, Vidal, Larreta– no pueden entrar a las aulas a medir el marxismo atmosférico, fundamentalmente porque no lo lograrían decodificar (el fascismo es mucho más evidente).

Pero tampoco puede, la escuela por sí misma, hacer un cambio radical en una o dos gestiones de gobierno, en primer lugar, para instruir a mano de obra con diferentes niveles de precarización, y en segundo lugar, para que todo un sistema educativo sea uniforme en ese impulso. Sí puede, sin embargo, promover políticas como las ya descriptas que redunden en una segregación educativa -una oferta para elites emprendedoras y otra para los empleados precarizados que “disfruten de la incertidumbre”. Pero nuevamente: es imposible lograr esto en una o dos gestiones de gobierno, y mucho más imposible alinear a cada escuela, cada docente y cada alumno detrás de estos mandatos.

En síntesis: las declamaciones de erradicación de marcos ideológicos del sistema educativo evidencian, o bien un intento de denunciar a un “otro” que es imputado de todos los males que sufre una sociedad –Freire, el kirchnerismo–, o bien un desconocimiento total de las lógicas que atraviesan la cotidianeidad de las escuelas. O ambas cosas. Bolsonaro no podrá borrar a Freire de la historia educativa brasilera, básicamente porque Freire vive en las prácticas cotidianas de muchos docentes de Brasil.

En Argentina el macrismo buscó apelar a estos recursos de demagogia de derecha cuando habilitó, en la Ciudad de Buenos Aires, un 0-800 para que las familias “denuncien adoctrinamiento” (primero, cuando el gobierno nacional kirchnerista daba talleres sobre la historieta “El Eternauta” en 2012; luego durante la polémica sobre la desaparición de Santiago Maldonado en 2017); semanas atrás, en un acto de colación de grado en una escuela secundaria de Moreno –distrito cargado de densidad para la gestión de Vidal, luego de la desidia y explosión de una escuela que provocó la muerte de una docente y un auxiliar– un alumno que egresaba eligió –como el resto de sus compañerxs– una canción para la entrega de su diploma: la Marcha Peronista. La conducción de la escuela, respetando una tradición de años, pasó la canción elegida por el egresante. El gobierno de Vidal decidió sancionar a la conducción de la escuela.

El 0-800, la sanción a los directivos de Moreno, no tenían ni tienen ningún futuro. Nada prohíbe tratar temas de actualidad en las escuelas como la desaparición de Santiago Maldonado –de hecho, los Diseños Curriculares promueven estas estrategias para dar un sentido concreto a los contenidos de la enseñanza. Nada prohíbe la emisión de la Marcha Peronista durante 30 segundos porque un alumno la eligió para su entrega de diplomas. En consecuencia, esos procedimientos de macartismo no tienen ningún destino real dentro de las vías administrativas de los ministerios (sí pueden generar malos momentos, naturalmente). La “caza de brujas” de Macri, Vidal y Larreta es mucho menos ideológica que marketinera: a su núcleo duro antiperonista recalcitrante le reconfortan estas referencias a prácticas de proscripción de la Revolución Libertadora, pero lo cierto es que no hay ninguna violación a ninguna ley o resolución. La ley, en el caso argentino, está del lado de la problematización de la historia reciente y de los temas que ocupan la agenda de los medios.

En concreto, cabe establecer una diferencia clara respecto del escenario de la Educación Sexual Integral en Argentina y en Brasil. Bolsonaro promueve la iniciativa de “Escuela Sin Partido” que intenta borrar, como decíamos, toda herencia freireana, pero también una educación sexual actualizada. En Argentina, a partir del debate de la interrupción legal del embarazo en el Congreso, este tema entró muy fuertemente a las escuelas. A pesar de cierto laissez-faire para que las escuelas privadas despidieran a los docentes que se alinearan con la ley –vigente desde 2006–, las gestiones de los distintos gobiernos –incluso los macristas– se manifestaron a favor de impartir Educación Sexual tal como está planteada desde 2006-7. Esto genera un estado de situación favorable a ampliar las intervenciones con el marco de la ley 26.150, ya que no hay una caza de brujas en este sentido, al menos no de parte del gobierno.

Resumidamente, las presuntas “cazas de brujas” o “eliminación de tal doctrina” de las escuelas es, en Argentina, una medida puramente demagógica que apunta a fidelizar al electorado más duro. En Brasil, aunque también opera este factor, sí parecen estar dadas las condiciones para que existan violentas persecuciones no tanto desde el gobierno, sino desde las propias comunidades educativas. Habrá que seguir con especial atención este fenómeno.

¿Y nosotres?

Las nuevas derechas parecen tener claros cuáles son los lineamientos políticos y simbólicos sobre los cuales operar, quiénes son sus aliados y los objetivos de cada aspecto de su modelo educativo. Quienes defendemos el derecho social a la educación, la escuela como ámbito de la diversidad y la integración social, transmisora de la cultura soberana y respetuosa de las diversidades y de la democracia: ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo nos plantamos frente a estas avanzadas? ¿Cómo nos interpelan? ¿Qué síntesis podemos elaborar para contraproponer algo superador? Estamos debatiéndolo, tal vez no con la velocidad necesaria.

Bolsonaro es una realidad. El experimento está en ejecución.

Como observación final, vale lo siguiente: los argumentos de las nuevas derechas se escudan en la libertad de expresión, como si los discursos de odio, racismo, aporofobia, homolesbotransfobia y darwinismo social fueran opiniones legítimas como todas las demás. En ese clima, templado y apto para su reproducción, crecen. Cuando llegan al poder se proponen el exterminio de toda forma alternativa de pensar la realidad. O sea, eliminan esa libertad de expresión que pidieron para crecer.

Los discursos de odio no son una opinión válida. No deben ser legitimados y equiparados, y deben ser reprimidos, incluso en las aulas. De esto se trata la Paradoja de la tolerancia de Karl Popper: debemos ser intolerantes con, y llegado el caso reprimir a, los intolerantes. Entender esto es central en nuestra tarea cotidiana como docentes.

Y de eso, también, depende nuestro futuro.

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Foto: Agência Estado
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