Fue la pluma

Lo que hemos visto hasta ahora, de la “revolución educativa” prometida por el PRO, son: a) las líneas de continuidad en materia de descentralización de la gestión educativa y privatización de la matrícula; b) la no incidencia en el statu quo sindical, que beneficia a los grandes sindicatos –más proclives a cierta “colaboración”, con todo lo que ello implica (el mayor logro de esta alianza fue el comienzo de clases simultáneo en los dos principales bastiones PRO: CABA y Provincia de Buenos Aires)-; c) anuncios sobre políticas de evaluación completamente abstractas –no aclara si será evaluado el docente, el sistema, la escuela, los alumnos, todo junto, quién evaluará y con qué criterios–; d) continuidad con la tercerización de la educación, ya sea por derecha –con el ingreso de las ONGs y las universidades privadas a las escuelas– o por izquierda –sosteniendo, en los distritos donde tiene incidencia el PRO, las modalidades educativas basadas en experiencias político-comunitarias; e) conflictos en torno a despidos en el Programa Conectar Igualdad y la “puesta a disposición de las provincias” de personal antes vinculado al Ministerio de Educación de la Nación; f) el anuncio de un concurso para premiar al mejor equipo docente de Argentina; g) la mirada puesta en las pruebas PISA, que han demostrado con creces no ser indicadores fiables para un análisis profundo del sistema educativo.

Si bien el gobierno de Macri apenas se acerca a los 100 días, no se ha dado ningún paso digno de ser etiquetado de revolucionario en el aspecto educativo: más bien varias de sus medidas con claramente reaccionarias y vaciadoras, y el resto, humo. Después de 8 años de gestión en la CABA, sin ningún logro visible más allá del vaciamiento de la escuela pública y los recortes, sutiles pero constantes, del presupuesto educativo en beneficio de la educación privada, no esperamos absolutamente ningún paso progresivo desde el Palacio Sarmiento en los próximos tiempos.

Desde este blog, y animados por la necesidad de dejar de lado los ejercicios retóricos inalcanzables del tipo “hay que sacar los subsidios a las escuelas privadas” –que jamás sucederá, por más que seríamos los primeros adherir a esa política–, pensamos en la necesidad de aportar propuestas posibles y creativas para la mejora del sistema. Sin embargo,  en vistas de la política educativa del PRO (que hemos analizado en esta nota, en esta y en esta otra), entendemos la necesidad de prevenir al lector: este gobierno no va a implementar estas medidas que son posibles, no muy caras y sustentables, básicamente porque no le interesa modificar una situación de deterioro que tiene como corolario el retiro del Estado del sistema educativo. Mejorarlo, revolucionarlo (como sí se hizo con la ley 1420, o durante el peronismo con la educación técnica) implicaría darle aire, renovarlo, inyectarle vitalidad a uno de los más poderosos agentes de ascenso social. Y eso es precisamente lo que un gobierno en estrechísima alianza con los sectores concentrados, buscará evitar.

Finalmente sí, por vicio propio, cerraremos con una utopía irrealizable pero justificándola políticamente: el aumento exponencial del salario básico.

• Selección docente colegiada.

Uno de los problemas de la escuela pública es la rigidez de la selección docente. Actualmente, se trata de un sistema que funciona estrictamente en base a un cursus honorum cuantitativo, y deja a los directivos de las escuelas sin ninguna capacidad para evaluar si el postulante se alinea o no con el proyecto institucional. De esta forma, las conducciones escolares sólo deben trabajar con el equipo que les toca en suerte, sin ninguna intervención sobre la conformación de grupos pedagógicos que atiendan a las complejidades diversas de la escuela de acuerdo a sus perfiles. Lo que se propone, en este caso, es no eliminar el sistema de actos públicos por listado para cubrir interinatos y suplencias, sino sumarle una instancia de selección cualitativa, en la cual el postulante pueda conocer el proyecto institucional de la escuela y tenga la oportunidad de presentar una propuesta de trabajo para el cargo al que aspira. Para evitar selecciones “a dedo”, la idea es que esta instancia cualitativa sea colegiada, de forma que no sea únicamente la voz del directivo la que sopese la idoneidad del postulante, y esté enriquecida con el aporte de representantes sindicales, ministeriales, comunitarios, etc. La mirada múltiple y diversa afinaría aún más la claridad del perfil buscado.

• Formación docente de elite

Con “de elite” nos referimos a que sólo deberían ingresar en los institutos de formación docente aquellas personas que estén en condiciones –fundamentalmente, vocacionales– de ingresar en un sistema educativo que debería ser inclusivo en el sentido más amplio del término: esto es, no una mera ficción estadística que sólo cambia el espacio de permanencia física de un alumno –de la calle al aula, aunque esto representa un avance en sí mismo–, sino que además indague en pedagogías innovadoras y cómo estas pueden articularse con las mejores tradiciones de la escuela. Esta “elite” no tiene una correlación de clase, sino que requiere un perfil sensible ante determinadas situaciones, y creatividad para aportar a la resolución de casos sociopedagógicos complejos. Es más: hay chicas y chicos en villas con inquietudes docentes, que al entrar en contacto con la tradición burguesa del sistema educativo terminan adquiriendo una mirada original, de fuerte sensibilidad con las nuevas poblaciones que atiende la escuela, en una interesantísima combinación con los saberes académicos. Es a esa élite a la que nos referimos, y no a una casta de clase divorciada de las urgencias de la política educativa.

• Evaluación del sistema desde el Estado y con participación comunitaria y gremial

Uno de los abracadabras más repetidos por el PRO para abordar el tema educativo es el de la evaluación. Sin embargo, como se comentó al principio del artículo, no hay un contenido sobre el cual establecer una opinión sobre esto. Es probable, no obstante, que Gustavo Iaies y Juan Llach, desde la OEI –esa suerte de caja paralela del Ministerio de Educación de la Nación– ya estén moviéndose en ese sentido (esto es sólo una suposición). Los cerebros educativos del PRO han manifestado varias veces sus suspiros por el modelo educativo ecuatoriano del muy bolivariano compañero Correa (acá, una descripción somera). Lo que se propone desde este insignificante tablón es una evaluación del sistema que se realice indefectiblemente desde el Estado –y no desde agencias de financiamiento, por caso–, con participación directa del gremio docente y de representantes de la comunidad educativa. El diseño de la evaluación, así como la planificación del uso de sus resultados, deben contar con la intervención del Estado y los actores mencionados, excluyendo explícitamente a miembros de confesiones religiosas y a las corporaciones empresarias, que tradicionalmente han condicionado las políticas educativas a sus directos intereses de lucro. Aunque actores sociales insoslayables, la evaluación educativa debe estar guiada de forma excluyente por las lógicas de la política, y conocemos de sobra los intereses empresarial-ideológicos –en el caso de la Iglesia católica– y de formación de mano de obra a medida –en el caso de las corporaciones empresarias–. La consigna sería evaluar el sistema educativo para formar ciudadanos preocupados por la cosa pública, ni más ni menos.

• Una utopía: jerarquización y reformulación de la composición salarial

El aumento salarial es el primer reclamo del sindicalismo docente. En una profesión de fuerte desgaste psicológico y emocional, que ha ido complejizándose conforme las poblaciones excluidas del neoliberalismo entraron a la escuela (en otra nota publicaremos una hipótesis sobre el impacto educativo del nuevo ciclo de endeudamiento externo que se inauguró hoy mismo), el sueldo es insuficiente respecto de las responsabilidades y contingencias de tener un rol activo en la escuela. Esto lleva a que la docencia, para muchos compañeros y compañeras, resulte una alternativa laboral atractiva no por su retribución, sino por cierto “blindaje” de la estabilidad laboral a través de los Estatutos Docentes y las lógicas sindicatos/ministerios. Esto resulta un círculo vicioso: sueldo relativamente bajo pero estabilidad garantizada, desmotivación y fuerte ausentismo garantizado por un uso abusivo del Estatuto. En tanto el salario no se jerarquice, la defensa del Estatuto –y sus usos viciados– seguirá siendo férrea, pues es la razón más seductora para permanecer en la escuela a pesar de las frustraciones y los desbordes. Es prácticamente imposible pretender, desde el Estado, una modificación radical de los índices de ausentismo y pedir un fuerte compromiso pedagógico sin jerarquizar de forma exponencial el salario básico. Un aumento sustancial –y no basado en sumas no remunerativas, o sea, en negro– permitiría al Estado un mayor margen de negociación para pulir los huecos alienantes del Estatuto. De lo contrario, las personas que se exponen más en la escuela, que se comprometen con garantizar la inclusión y el derecho a la educación de los chicos, serán los primeros en irse hacia espacios laborales más amigables –donde no haya que lidiar con el flagrante abandono estatal a la escuela y a los alumnos–  y mejor pagos. Un inicio podría ser reformular la composición salarial: extender a todo el país el pago de adicionales por título, publicaciones específicas, formación permanente, y no sólo atar el incremento a las paritarias por inflación y la antigüedad en el cargo. El aumento exponencial del salario básico no es sólo un deseo para poder disfrutar de mejor acceso a los bienes y servicios de consumo, sino una buena forma de plantear una discusión seria y respetuosa de los aspectos más enviciados del trabajo docente.

Sin embargo, en un contexto de transferencias multimillonarias a los sectores concentrados locales y a las corporaciones usurarias internacionales no aparentan llevar al PRO al sendero de la entelequia preferida de sus cuadros para el área: la “revolución educativa”. Mantener el statu quo sirve para continuar con la larga agonía de la escuela pública argentina y transferir los servicios a actores de la sociedad civil y entidades privadas, y echarle la culpa de ese proceso a demonizados sindicatos docentes a quienes se acusa de materialistas y de preocuparse sólo por el sueldo, descuidando las tareas pedagógicas.