Fue la pluma

Humo en el Kirchner

El día martes 12 de julio, y desde el CCK, el presidente Macri anunció con fastos fundacionales el “Compromiso por la educación”, con la presencia de la plana mayor educativa a nivel nacional y una pequeña multitud de militantes de la Alianza Cambiemos. Según dijo, y de acuerdo a la página web destinada a divulgar el “Compromiso”, se busca instalar “la educación en la agenda y el corazón de los argentinos”, apelando al diálogo regional, en distintas áreas de la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto. No se mencionan explícitamente a los sindicatos ni a los partidos políticos: el debate educativo no es colectivo sino entre “sectores de la sociedad públicos y privados”. Entre los actores institucionales, sólo se nombra a los “intendentes”. El compromiso educativo es individual, entonces. Con esta filosofía se habilitó un buzón virtual para que los “ciudadanos de a pie” hagan llegar sus inquietudes educativas en un formato similar al comentario de Facebook. Adicionalmente, en la web aparecen una serie de cifras desalentadoras sobre el estado actual del sistema educativo, que busca impactar en el espectador para apelar a su involucramiento ciudadano.

Cabe preguntarse, no obstante, cuál es el objetivo del anuncio. ¿Por qué el gobierno busca instalar la educación en la agenda? Desde ya, esto no deja de ser sumamente saludable, pero la gestión PRO tiene un prontuario que señala 8 años de abandono sistemático y desfinanciador de la escuela pública en su Sierra Maestra de CABA. Escuelas que se caen a pedazos, cierre de líneas de financiamiento, hiperburocratización del sistema obturando soluciones a problemas urgentes, entre otras joyas de la corona de la Reina del Plata. Además, el Estado nacional tiene un margen de maniobra muy acotado dentro del sistema educativo: no tiene escuelas a su cargo directamente, ni paga salarios ni arregla edificios. Las decisiones macro, a nivel nacional, se toman desde el Consejo Federal de Educación -compuesto por el Ministro nacional y sus pares provinciales-, desde donde se articulan las políticas que deben implementarse en todo el país. Sin embargo, y como lo han dejado claro en más de una oportunidad, Cambiemos apunta a la evaluación educativa, y de hecho los pocos cuadros técnicos formados que tiene el gobierno en el Ministerio de Educación están en los cargos vinculados a esta política pública. En otras áreas prima la incertidumbre, el cierre de programas (como el de Educación Sexual Integral) y la improvisación desesperada para cubrir puestos (por caso, se designó al gerente de una tabacalera como Subsecretario Nacional de Políticas Socioeducativas).

Una visión conspirativa de este llamado exuberante podría ser la siguiente: ¿busca el macrismo contar con una masa crítica de demandas hacia el colectivo docente para instalar una evaluación eliminatoria? ¿trata de apelar a cubrir demagógicamente una demanda en su página web de que se corte el hilo castigando a los docentes? Suposiciones, nomás. ¿O no?

Carnadura en el Consejo Federal de Educación

Desde los meses de febrero-marzo está circulando por las provincias un borrador destinado a trabajar en el CFE titulado “Argentina Enseña y Aprende – Plan de Acción 2016-2021”. En este documento, de 20 páginas, pueden observarse cuáles son verdaderamente las directrices políticas que Esteban Bullrich consensuó con los ministros de educación provinciales para el trabajo conjunto en el Consejo Federal. Al margen de la profusión de objetivos generales de buena voluntad que nadie podría objetar pero que no especifica cómo se llevarán adelante (v. g. “Generación de condiciones laborales justas y propicias para el ejercicio de la docencia”; “Fortalecimiento del cuidado y la atención integral de la primera infancia, priorizando las poblaciones vulnerables”), pueden señalarse, en la lectura entre líneas, algunos aspectos de enorme relevancia para comprender el proyecto educativo macrista.

• Evaluación por todos lados

Este es el punto más profuso y sobre el que más se insiste a lo largo de todo el documento. Hemos señalado más de una vez en este blog la gradual conversión, a partir del 10 de diciembre de 2015, del Ministerio de Educación de la Nación en un simple instituto evaluador, sin más atribuciones que esas. Sin embargo, es pertinente realizar una serie de preguntas: ¿Qué se evalúa? ¿Cómo? ¿Cómo se articulan el Estado nacional y los provinciales para llevar adelante esta tarea? Algunas pistas comienzan a aparecer a lo largo del texto. Se nombran como los objetos a evaluar:

• Los aprendizajes
• La evolución de la matrícula, el desempeño escolar, la inserción laboral de los egresados
• Se busca fomentar una cultura de la evaluación en los equipos de conducción escolares (¿se apuntará en transformarlos en meros «comisarios» de la evaluación? ¿cómo pueden llevar adelante esta tarea si no tienen ni siquiera atribuciones para formar equipos de trabajo seleccionando perfiles afines?)
• Se realizará una “evaluación docente, de manera gradual y consensuada”

El último ítem, sin dudas el más álgido y potencialmente conflictivo, se aclara de antemano consensuado –se sobreentiende, con los docentes– y gradual. Aun así, no se detalla con cuáles criterios se realizarán estas evaluaciones. ¿Serán compartidos y consensuados los criterios? ¿O solamente los tiempos? ¿Ya están diseñados estos modelos?

• Fuerte presencia del sector privado

Bajo el eufemismo de “sectores de la sociedad civil del ámbito público y privado” no hace falta tener el ojo demasiado entrenado para adivinar a los actores que acechan el –o directamente son protagonistas del– sistema educativo: la Iglesia católica (principal corporación educativa por fuera del Estado), las empresas del sector privado y las ONGs, como las estrellas en ascenso a través de las cuales se han ido introduciendo las primeras tercerizaciones de la educación en las escuelas públicas porteñas ­(Enseñá x Argentina, una de las principales aliadas del PRO en CABA, ha extendido notoriamente su presencia en las secundarias en los últimos tres años).

• Foco en la educación técnico-profesional

Este eje es realmente interesante, y atraviesa todos los niveles, incluido el universitario: ¿a qué modelo productivo apunta? ¿qué sentido tiene formar técnicos e ingenieros en un país dedicado a la especulación financiera, con el mercado interno y el mercado laboral detonados? La única área realmente competitiva es la agroindustria. ¿Se buscará formar cuadros técnicos, en un país hipercefálicamente urbano, para el trabajo agrícola? En un país que estructuró su educación técnica en torno al modelo productivo vigente, ¿qué papel juega este énfasis en esta rama del sistema?

• Universidades “transparentes”

En lo que parece ser una crítica a las redes que el kirchnerismo tejió con las universidades del Conurbano –y que fueron centro de las noticias tras la denuncia del malogrado ministro Lopérfido acerca de desvíos de fondos para producciones audiovisuales–, se consigna que las políticas universitarias estarán atravesadas por una “transparencia en la transferencia y asignación de recursos”. Asimismo, y como se plantea en el punto anterior, se pone énfasis en las carreras científico-técnicas, y en la “evaluación interna de la eficiencia” de las únicas instituciones educativas dependientes –aunque autónomas– del Estado nacional.

• Políticas de contexto

Cobran especial importancia, en el documento, las políticas destinadas a mitigar los condicionamientos económico-sociales de los alumnos del sistema. Sin embargo, en la CABA el PRO descuidó y abandonó sistemáticamente este tipo de políticas –por no decir, básicamente, que jamás tuvo ni una sola iniciativa en este sentido más que desfinanciarlas–. Sorprende que se demuestre interés en este eje, el aspecto más crítico de todas las propuestas –probablemente impulsado por el interés de las provincias más pobres en una intervención del Estado central en este sentido–, pues involucra a una gran cantidad de agencias estatales que deben estar coordinadas, es el que abre las preguntas más complejas de responder: ¿con qué reparticiones se realizarán estas intervenciones? ¿cómo se articulan los Estados nacional y provinciales para este tipo de iniciativas? ¿cómo se salvarán las distancias y oposiciones políticas, que marcaron por ejemplo la relación Nación-CABA mientras el kirchnerismo gobernaba Argentina y el PRO la Ciudad de Buenos Aires (el PRO obturó la mayor parte de los programas nacionales en su jurisdicción, sistemáticamente, desde 2007)?

Más preguntas que certezas

El borrador, que circula por las provincias por medio de jornadas de debate y capacitación -que son recogidas por las prensas locales-, plantea ciertos puntos axiales del plan que el macrismo tiene para el sistema educativo. No aparece ni una sola mención a los planes que fueron de los mayores aciertos del kirchnerismo: no se menciona el Programa de Educación Sexual Integral (vaciado esta última semana), ni los programas de lectura, ni el Programa Conectar Igualdad, entre muchos otros. ¿Cuál será el destino de estas importantísimas líneas de acción? ¿Se definirá directamente su desaparición, descuidando aspectos sumamente sensibles de lo socioeducativo, para transformar de forma definitiva al Ministerio en un instituto evaluador? ¿Qué articulaciones intra e interestatales logrará concretar el Ministerio de Educación de la Nación?

Una sola cosa es segura: la avanzada evaluadora requiere que los sindicatos docentes estén alertas y con cuadros técnicos disponibles preparados para sentarse en la mesa e imponer condiciones que resguarden el trabajo docente y que no atenten contra la escuela pública. De lo contrario, si hay pactos espurios y distracciones intencionadas de parte de la dirigencia sindical, no sólo será una gran oportunidad perdida, sino además un paso más hacia el fin de la educación pública. Y más tarde que temprano, las escuelas-palacio sarmientinas serán shoppings, y los excluidos de la Argentina merodearán las calles sin rumbo, desesperados por sobrevivir, sin las herramientas de la ciudadanía o del conocimiento, pero con armas mucho más concretas y temerarias.