Fue la pluma

El sistema argentino del siglo XXI tiene una “capacidad instalada” que habilita con buenas perspectivas a realizar mejoras, como analizamos en este post. Sin embargo, hay dos niveles que requieren de ciertas acciones: el nivel medio, que manifiesta una crisis de paradigmas y de sentido a partir de su progresiva masificación durante la segunda mitad del siglo XX, y que se aceleró en los últimos 25 años. Allí es necesario y urgente un cambio de formato, de objetivos, de pedagogías, y varios etcéteras más. Por otro lado, los planes de carrera del sistema de formación docente han sido reformados durante los últimos diez años. Los marcos elaborados para ello desde el Consejo Federal de Educación dan la pauta de que están actualizados y acorde a las necesidades del sistema educativo en el siglo XXI aunque, desde ya, siempre se deben ir realizando mejoras y avances para una mejor adecuación a los tiempos (por caso, debería incluirse un espacio curricular específico de Educación Sexual Integral, que no está en todas las provincias).

Reformulando, el nivel secundario requiere transformaciones importantes, mientras que la formación docente en realidad requiere el sostenimiento de las reformas realizadas y las correcciones pertinentes. Sobre las políticas públicas que encaren estos niveles hay un obstáculo que conspira cíclicamente: los tiempos electorales y su márketing asociado.

Los tiempos educativos –mejor dicho, los tiempos que demoran las reformas educativas sobre formatos y pedagogías en dar resultados– son medios y largos. Esto quiere decir que una política pública virtuosa –como, por ejemplo, las políticas socioeducativas desplegadas durante el kirchnerismo, desde el Estado nacional, para atacar el abandono escolar en el nivel secundario– no va a producir resultados en un año o dos, sino que los plazos se alargan: la medición de su impacto en 5-10 años será más fiel. Siempre y cuando, desde ya, se haya sostenido la política.

El triunfo de la Alianza Cambiemos en 2015 interrumpió una batería de políticas que parecían tener bastante claros los problemas que afectan al sistema educativo. En todo caso, debían realizarse correcciones en ciertas metodologías y leves cambios de rumbo de acuerdo a la experiencia en el terreno, pero en líneas generales los programas del Estado nacional parecían estar bien encaminados, por decirlo de alguna manera. La consecuencia directa de esto es que no tendremos forma de medir el impacto real de iniciativas que arrancaron en 2007/08 pero que comenzaron a tener volumen transformador a partir de la experiencia recabada un par de años después.

Esto sirve de ejemplo para algo claro: el cambio de administración política de la gestión educativa puede generar la destrucción de experiencias positivas que demoraron un tiempo en asentarse. Hay un dicho que reza que es mucho más fácil destruir que construir. Eso es lo que han hecho las gestiones de Bullrich y Finocchiaro: vaciaron programas socioeducativos, refederalizaron funciones que quedaron atadas a las posibilidades presupuestarias de las provincias, limpiaron la asistencia técnica del Estado nacional sobre la ejecución de sus programas, dejaron de repartir libros en las escuelas, redujeron a la nada los avances del Programa Conectar Igualdad.

El problema va más allá del proyecto vaciador del macrismo: el problema es atar la política educativa a los tiempos cortos de la política electoral. Fundamentalmente cuando son niveles que requieren una atención especial.

El “empate” entre dos proyectos de país –uno popular, inclusivo, de perfil productivo y más bien estatista; otro centrado en el poder de las elites, excluyente, de perfil financiero y pro mercado–, finalizando la segunda década del siglo XXI, augura tiempos políticos inestables. No es este posteo el lugar para detenernos a analizar el siempre imprevisible devenir político argentino. No obstante, hay una certeza que se puede extraer de la actual coyuntura: los volantazos destruyen cualquier intento de reforma virtuosa del sistema educativo (en rigor, los gobiernos excluyentes lo hacen).

Otros tiempos, otros administradores

En Uruguay –un país con menos del 10% de habitantes que Argentina, y del tamaño de una provincia nuestra– el sistema educativo público, y la supervisión del privado, no está directamente bajo el Ministerio de Educación y Cultura. Existe algo llamado Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de carácter autónomo. Esto significa que el principal administrador del sistema no es un ministro designado directamente por el Poder Ejecutivo (o por cada Poder Ejecutivo provincial). El Consejo Directivo de la ANEP tiene tres miembros que el Ejecutivo le propone al Senado (como acá se designa a los ministros de la Corte Suprema), y dos miembros “del cuerpo docente del ente”. Más allá del detalle fino de la composición de esta agencia gubernamental, nos puede dar algunos elementos para pensar un a propuesta “a la Argentina”.

Si pensamos una suerte de “ANEP” local, debemos desanclar la administración del sistema educativo de los tiempos electorales. Así, los miembros de su Consejo Directivo pueden durar en su cargo tiempos diferentes a los de los miembros del Poder Ejecutivo, y ser designados en años en los cuales no hay elecciones, por caso. La designación de parte de esos miembros puede hacerse a semejanza de la ANEP uruguaya: miembros propuestos por el Poder Ejecutivo, otros miembros propuestos por la oposición. Pero en el caso argentino sería absolutamente necesario, también, darle un carácter federal a ese Consejo: de esta manera, se podrían designar miembros desde el Senado nacional, representando a las provincias. También deberían tener su asiento los sindicatos, y representantes académicos acreditados, además de representantes de las propias instituciones afectadas. Y un miembro por la CGT y otro por la CTA. Y tal vez un miembro del campo empresarial.

Las posibilidades de conformación de ese Consejo Directivo son infinitas y discutibles. Los puntos centrales, entonces son que la administración del sistema no dependa del Poder Ejecutivo Nacional ni de los Poderes Ejecutivos provinciales, que los tiempos de gestión difieran de la gestión ejecutiva nacional, y que la conformación del Consejo Directivo se dé fuera del calendario electoral, de manera amplia y consensuada con el Poder Legislativo y otros representantes de la sociedad civil.

Los niveles en cuestión

En este escenario de autonomizar el sistema educativo de las voluntades del Poder Ejecutivo y del calendario electoral, y teniendo en cuenta los problemas que se enunciaron al principio respecto de las necesidades de reformas en el nivel secundario y el sostenimiento de las políticas en la formación docente, tal vez no sea necesario transferir los niveles inicial y primario a esa “ANEP”, que funcionan relativamente bien. De hecho, el artículo 5 de la Constitución Nacional delega en las provincias la organización del nivel primario.

Restaría entonces o bien transferir las escuelas secundarias a ese ente (en Argentina hay alrededor de 7800 escuelas secundarias de gestión estatal), o seleccionar algunas de ellas –por ejemplo, las situadas en las cercanías de barrios vulnerables– para que sean administradas directamente por él. Desde allí se operaría una reorganización de los contenidos y de las materias o áreas (como se plantea en las resoluciones 84 y 93 de 2009 del Consejo Federal de Educación), se reorganizarían los tiempos para invertir en espacios de planificación e innovación, se podría readecuar la planta de personal para incluir abogadxs, médicxs, psicólogxs que hagan un seguimiento clínico, trabajadorxs sociales, entre otros. La escuela secundaria del siglo XXI, si se pretende inclusiva, deberá ser mucho más que una escuela, pero los docentes no podemos ser mucho más que lo que somos: docentes. Con una reformulación de estas características se pueden repensar los tiempos de trabajo/estudio/descanso, se pueden ofrecer propuestas desmarcadas de los contenidos “tradicionales”, con espacios recreativos, artísticos y deportivos de calidad y variados. La ventaja es que este formato no dependería de los ciclos políticos y financieros de cada provincia, sino de una entidad autónoma que se asegure de direccionar los presupuestos que asegura la Ley de Financiamiento Educativo (que requeriría una modificación) con exclusividad, a atender los factores salariales e infraestructurales sin estar sujeta a los vaivenes de otras áreas de gobierno.

Ya hubo iniciativas en este sentido: la creación de escuelas secundarias dependientes de universidades nacionales a partir de 2013 (aquí puede leerse un interesante artículo al respecto). Pues bien: esa política quedó trunca con el cambio de gobierno. El macrismo paralizó la creación de nuevas escuelas universitarias y frenó los proyectos de las futuras (como la de la Universidad Nacional Arturo Jauretche). Es por eso que esta interesantísima política de innovación pedagógico-institucional no debe estar sujeta a los cambios de gobierno, además de la necesidad de contar con políticas más articuladas fuera de la autonomía universitaria.

Sobre la formación docente, en realidad este ente autónomo debería tener la función de realizar el seguimiento y evaluación de los planes actuales, y analizar las necesidades al respecto en las diferentes regiones del país. En rigor, ya existe el Instituto Nacional de Formación Docente, que delinea políticas nacionales para esta modalidad dentro de la educación superior no universitaria, pero lo cierto es que hoy por hoy su titular es una persona designada por el Ministro de Educación de la Nación, esto es, un cargo netamente político.

Para esta instancia educativa, entonces, habría que autonomizar al INFoD del Ministerio, y darle una titularidad colegiada, a la vez que la gestión directa de algunos –o todos– los institutos de formación docente del país (en Argentina hay alrededor de 300 IFD de gestión estatal). Esta autonomía evitaría desastres políticos como el intento de crear la UniCABA en la Ciudad de Buenos Aires o el cierre de carreras en distintas provincias. En general hablamos de medidas que se llevan adelante a través de gobiernos directamente alineados con el gobierno nacional, que de esta manera toma algunas jurisdicciones como “laboratorio de viabilidad” de políticas bastante polémicas, mal ejecutadas y carentes de todo consenso.

Para qué: problemas

Ninguna reforma sobre estos dos niveles que hoy están en discusión puede abstraerse del tipo de modelo de país –económico, social– y del tipo de inserción de Argentina en el mundo. Y esto es, como se manifestó al principio, uno de los debates más encarnizados que atravesamos a diario. ¿Cómo pensar reformas de cara a semejantes tensiones? ¿Cómo operarlas con algún tipo de consenso que articule el pleno ejercicio del derecho social a la educación con los intereses estratégicos y soberanos de Argentina en una globalización uniformante y violenta? Claramente, no a través de ventas de humo sobre “innovación” y “emprendedorismo” impulsadas por ejecutivos de venta de corporaciones educativas, como la Alianza Cambiemos.

Otro problema –el más áspero– es qué forma de contratación de las plantas orgánicas funcionales tendrían los docentes –u otros agentes– afectados a estas instituciones: el Estatuto del Docente de 1958 presenta letras muertas no sólo respecto a las necesidades del sistema educativo, sino también sobre los propios derechos de los docentes. ¿Cómo organizar un régimen laboral que no precarice, que mantenga y hasta amplíe derechos laborales y que al mismo tiempo sea flexible y jerarquizador de la profesión docente y se complemente bien con los procesos educativos? Éste –uno de los grandes problemas a nivel laboral/productivo a nivel mundial– es uno de los mayores interrogantes.

En síntesis, el debate educativo requiere, por un lado, una firme denuncia del desastre macrista, pero por el otro la necesidad de aprender de la experiencia de las políticas kirchneristas y la mejor forma de recuperar y mejorar algunas de ellas y proponer nuevas. Pero además, no se puede combatir el escenario actual de posverdad, timba financiera y violencia institucional con Freire, con épicas teóricodependentistas ni erigiendo mártires.

Tal vez sea hora de saber combinar defensa de los derechos (a la educación, al trabajo, al bienestar) con saber técnico y expertise territorial, y desbrozando el pesimismo al que nos empujan estos tiempos. Pensar la educación del futuro con las mejores tradiciones, pero con audacia y astucia suficiente para no entregarlo a las narrativas de la nada.