Publicado el 1° de febrero de 2020 en Revista Anfibia
Los docentes recordaremos enero de 2021 como las vacaciones mentales que no tuvimos. Nunca antes la discusión sobre nuestro trabajo y sus condiciones fue tan tironeada y operada en tiempos en los que nuestra mayor preocupación debería ser cuidarnos del sol. Sin tiempo ni espacio para hacer un balance real de la extraña experiencia de un 2020 pandémico, de encierro, desgarro social y emocional y paranoia por una enfermedad fantasmagórica, fuimos lanzados de una patada en el traste a ser objeto de experimentos para el regreso a una presencialidad plena que nos llena de asteriscos y preguntas.
La discusión pública sobre el derecho social a la educación está muy atravesada por expectativas desfasadísimas de la escuela real -sobre las que no reflexionaremos aquí, pero que son un gran problema-, una intención sostenida (aunque con intensidades variables) para desprestigiar el trabajo docente, y muchos recursos más que terminan conduciendo a un desierto bullicioso: todos gritan y nadie conversa. Quienes toman decisiones educativas o desconocen lo que gobiernan o, cuando aciertan, son invisibilizados entre el ruido.
En el medio, casi quince millones de niños, niñas, adolescentes y adultos que esperan definiciones acerca de cómo sería volver a las aulas físicas con el menor riesgo posible. La pandemia es una trampa: no hay pedagogías ni didácticas óptimas, ni hay escuelas seguras.
Anoté algunas líneas centrales que creo pueden aportar a ordenar algo del debate. Las intencionalidades electorales (recordar siempre esto cuando veamos titulares estridentes sobre educación) las pasarán por alto, desde ya (tal vez, como digresión, una de las deudas que tenemos como sociedad –o tiene todo Occidente tiene, bah- es aprender a separar la paja mediática electoral del trigo real).
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