1) El pasado 9 de agosto, en las elecciones PASO, Daniel Scioli y Mauricio Macri, los dos principales contendientes a la presidencia de la Nación, obtuvieron, sumados, 13.750.739 votos. Más de una persona de cada cuatro que camina por la calle los votó. Más de un docente de escuela pública, cada cuatro, los votó.
2) No se caracterizan, ni Daniel Scioli ni Mauricio Macri, por el cuidado, preservación, expansión y apuesta fuerte a la educación pública. Más bien al revés: en la provincia de Buenos Aires, al desolador panorama infraestructural, se suman demoras absurdas en el pago a los docentes, sin contar las veces que el profesorado tiene que oficiar de auxiliar, punching-ball o escudo antibalas. En la CABA, los recortes realizados por la gestión PRO a los planes socioeducativos –basta recordar que hay 130 (CIENTO TREINTA) agentes socioeducativos para inicial y primaria, que representan 300.000 chicas y chicos– llevan la situación al desborde social. En plena campaña electoral, el gobierno recortó horas de planes de retención para secundaria –Programa de Alumnas Madres, previas por parciales– bajo la excusa de que tendrían que ser afrontadas a través de las horas extra clase de los recién creados cargos docentes. También, se recordará, se suspendió a dos maestras tras el fallecimiento de un alumno a manos de su padrastro. La investigación correspondiente –necesaria– no debe ocultar que las escuelas están completamente desprotegidas por el Estado para afrontar problemas surgidos de la violencia y el deterioro social.
3) Las instancias judiciales de protección a menores son precarias, están superpuestas y muchas veces se manejan de manera escalofriantemente poco profesional. Esto se traduce en que, ante una situación X que se deriva a una guardia de abogados o una defensoría, muchas veces se vuelve al alumno o alumna a la situación inicial, que generó el problema.
4) Los docentes, sostiene el enorme Leandro Montaña (@leandromo, para referirse a los preceptores), somos “la yema de los dedos del Estado”: percibimos las problemáticas, intuimos que algo anda mal, somos los primeros testigos de una vulneración de derechos de los alumnos. Nuestra formación –que muchos docentes, hay que decirlo, invocan para desresponsabilizarse de tareas que sí les corresponden– no nos ha preparado, y la función de la escuela no es, en rigor, la de oficiar de asistentes sociales, médicos, bomberos emocionales.
5) Volviendo a lo que ha elegido la mayor parte del electorado, son públicas y notorias las referencias que vinculan a Scioli y a Macri con las políticas de vaciamiento económico, que derivaron en la catástrofe social, política y económica de 2001-2002. Recordarán, que a partir de esa hecatombe fue que la escuela comenzó a recibir –en estricto cumplimiento de la ley, pero con la arrolladora fuerza de una realidad desbordada– a chicas y chicos víctimas de la miseria estructural.
6) En la escuela, como se mencionó en los puntos 2, 3 y 4, las cosas no son fáciles. Entonces, ¿qué podremos hacer, a partir del 10 de diciembre, o mejor aún, qué podemos hacer desde ahora, que deberíamos haber hecho siempre (y que, por cierto, es una práctica cotidiana en primaria)? La realidad nos puede llevar puestos, si no vigilamos dos ejes centrales: el respeto a los derechos de lxs alumnxs, y un estricto profesionalismo de nuestra parte, reportando cualquier “anomalía” dentro del establecimiento.
7) Escribir. Elevar. Copiar. Reportar. No nos debemos dejar obnubilar por la frustración o la queja sin salida, que sirve para una ronda de mate o una sesión de psicólogo, aunque sí es cierto que existen situaciones en la escuela que escapan a nuestro sentido común docente. Pero no deberían escapar a nuestro profesionalismo. Debemos buscar, articular, una solución profesional.
8) Ante cualquier situación conflictiva que se detecte ajena al ambiente de trabajo en el aula, o a la cotidianeidad de la escuela, debemos avisar, registrar por escrito lo sucedido, copiar el registro, entregar el original firmado y exigir de la autoridad la firma de la copia, como recibido. En caso de que las conducciones se negaran, se debe hacer una nueva copia y presentarla en el sindicato. Así de simple.
9) ¿Dolor de panza fuerte? ¿Llanto excesivo? ¿Moretón? ¿Presunción de consumo problemático de sustancias? ¿Pelea física? Reporte: un párrafo. Aviso a familias y a autoridades que tomen el caso. No somos médicos, ni psicólogos. Mucho menos, héroes.
10) Y aquí aparece uno de los problemas centrales: abandonar la capa de súperman. No hay que jugar al héroe. Hay que contener, sí, pero por escrito. Hay que tratar de calmar, en la medida de lo posible, pero dando aviso a autoridades. Más ojos, más testimonios, más reportes, aseguran la vigilancia por los derechos de lxs alumnxs, y nuestra estabilidad laboral. Cuanta más evidencia exista de nuestro accionar dentro de los límites que marcan los derechos de lxs alumnxs, la ley y los reglamentos, más estaremos cuidándolxs. Nuestra actividad como docentes es pública: nada de nuestras relaciones con lxs alumnxs deberían permanecer en la intimidad, salvo pedido expreso de un alumnx, quien debe ser informado que esa situación es transitoria. No somos nosotrxs lxs custodixs de su intimidad, sino quienes debemos garantizar su derecho a la educación. Y eso implica correrse del rol maternal/paternal, y ubicarse en el profesional.
11) Si tomamos en cuenta la experiencia histórica, y suponemos –como manda el sentido común– que a mismos protagonistas, políticas similares (recordar lo de tragedia y farsa), es de suponer que Scioli y Macri no vienen, precisamente, a terminar con la miseria estructural y a disputar los intereses del empresariado saqueador. Más bien al revés. Si recordamos bien, las consecuencias de 10 años de sistematicidad en esas políticas, nos llevaron al abismo social. Hoy, millones de chicas y chicos tratan de sobrevivir a él, en la escuela pública. Tal vez sean todavía más. Démosles la bienvenida, abriendo horizontes, custodiando sus derechos y los nuestros. Por escrito, y con copia.
ACTUALIZACIÓN TRAS 16 MESES DE GOBIERNO DE LA ALIANZA CAMBIEMOS:
12) Si hay agentes de las fuerzas de seguridad que ingresan al edificio sin haber sido previamente convocados y sin autorización de las personas a cargo de la escuela, exigir identificación del personal y orden escrita y firmada donde conste nombre, apellido, nro. de legajo y cargo del emisor de la orden. Corroborar que en la institución de origen exista el funcionario y la orden emitida. Dejar constancia en actas de absolutamente todo lo sucedido y, de ser posible, filmar la situación (la ley ampara esta conducta, ya que se está dejando registro del accionar de un funcionario público haciendo su trabajo, y ninguna ley prohibe hacerlo. Recordemos que lo que la ley no prohibe, no puede prohibirlo un agente público). Finalmente, elevar los informes y testimonios a las instancias administrativas correspondientes, quienes deben dar explicaciones por el accionar de un brazo -represivo- de la burocracia estatal, por un lado, y por otro lado dar aviso a los sindicatos docentes para generar más presión a las esferas políticas acerca de las acciones irregulares.
Fue la pluma 