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Problema
La selección docente en el ámbito de la gestión estatal se realiza por medio de actos públicos (para cubrir interinatos y suplencias) y –en el mejor de los casos– concursos (para nombrar docentes titulares). Este sistema es absolutamente cuantitativista, pues se basa en la acumulación de puntaje que el docente puede obtener cursando nuevas carreras y cursos, antedecentes culturales, antigüedad y otros ítems. Todo docente que lleve un tiempo suficiente dentro del sistema conoce las virtudes y las trampas de este sistema: desde postítulos que efectivamente plantean debates, renuevan prácticas e innovan frente a las nuevas realidades educativas, hasta cursos que dan altísimo puntaje y sólo requieren, en rigor, de la paga del mismo: un “mercado negro” de lisa y llana compra de puntos.
Este sistema apuntaba a asegurar la estabilidad laboral del cuerpo docente. Para esto, anuló todo poder de decisión de las conducciones (directores, rectores, vices) sobre la conformación de un equipo de trabajo para llevar adelante el proyecto educativo institucional. Así se evitaba la arbitrariedad y la corrupción a la hora de la selección de personal, que es más o menos corriente en el ámbito privado donde todo depende de la honestidad de quien selecciona personal, para nombrar o no personas idóneas para el puesto o a amigos.
En concreto, para 2015 las conducciones educativas tienen más una función administrativo-burocrática que pedagógica: no están al frente del diseño y puesta en funcionamiento de estrategias innovadoras que contemplen la crecientemente compleja realidad de la escuela pública actual, sino que están contestando expedientes, buscando formas de financiamiento, y otros etcéteras que distraen por completo sus tareas pedagógicas. El nulo poder de decisión sobre la selección docente es un ladrillo más en la pared de un sistema en el que desfilan docentes idóneos, ineptos, transformadores, conservadores, agresivos, abiertos a la escucha, sensibles, fríos, alienados, militantes, burocratizados, psicópatas varios, lúcidos intérpretes de la realidad. Lo cierto es que la conformación de un equipo de trabajo está completamente librada a la mano invisible del mercado laboral docente: no hay una decisión institucional que junte perfiles, los haga interactuar y elaborar una propuesta para transformar las prácticas escolares. No existe, tampoco, la ponderación de la capacidad de comunicar una idea, de saber si los antecedentes consagrados en el puntaje se traducen en una propuesta pedagógico-didáctica innovadora, ni la instancia para evaluar si el postulante tiene inquietudes que pueden ser alineadas con el proyecto institucional o van a contramano.
De manera que un derecho tan básico y elemental como la estabilidad laboral, en un punto ha colisionado con la capacidad de la escuela pública de conformar grupos que tomen en sus manos la transformación de algunas anquilosadas estructuras de la escuela. A esto se suma el tabú en que se han convertido algunos artículos de los Estatutos Docentes que plantean la necesidad de realizar exámenes psicológicos periódicos al cuerpo de profesores: cuando un directivo decide tomar esa decisión choca contra una resistencia feroz por parte de los sindicatos, que muchas veces de manera burocrática y corporativa defienden a compañeros que simplemente no están en condiciones de estar frente a un curso, y que necesitan espacios y contención –que, desde ya, el Estado no provee– para modificar lo modificable y retomar la tarea pedagógica.
Otro aspecto de este problema es, en la escuela media, el problema de que no sea requisito poseer título docente para dar clases: una persona con cualquier título de grado está habilitada (aunque, en caso de competir para el mismo puesto, quien posee título docente tiene prioridad). Esta situación se remonta a una época de la escuela secundaria donde había muy pocos institutos de formación docente, y había que recurrir a los egresados universitarios para cubrir las vacantes. Sin embargo, para principios de siglo XXI esta situación ha sido radicalmente modificada, habiendo establecimientos que apuntan a formar docentes suficientes como para cubrir la demanda. El resultado es, nuevamente, una diversidad que en vez de enriquecer las miradas obtura procedimientos pedagógicos para enfrentar los problemas de la escuela. ¿Quién no ha escuchado el famoso “a mí no me formaron para esto” de la boca de un docente que, en realidad, es arquitecto, licenciado en administración de empresas o abogado? Está clarísimo que no, no fueron formados para esto.
Una vez más, la secundaria atrasa.
Tal vez, el problema estructural de la escuela media es el palimpsesto de lógicas caducas superpuestas, y que no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades de la escuela pública en el siglo XXI.
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Propuesta
Una posibilidad es combinar el sistema de los actos públicos, sin necesidad de desmontarlo, pero en vez de otorgar el puesto en el acto al docente que se postula y que vence por la cantidad de puntos que posee, que se conforme una terna de tres docentes postulados. De allí se pasaría a una segunda instancia en la institución escolar: la entrevista con el equipo de conducción, que es el cuerpo que decidirá efectivamente la entrada de alguno de los docentes de la terna. De mínima, podría proponerse que en ese ámbito se debe –sí o sí– seleccionar a alguno de los docentes que emergieron del acto público; de máxima, que la conducción se reserve el derecho de no elegir a ninguno, enviando las horas nuevamente a acto público.
Una crítica que podría presentársele a este sistema es que, nuevamente, se adecúa a la sola voluntad de la conducción, lo que podría generar las situaciones de arbitrariedad que se intentaron solucionar con el sistema de actos públicos. De manera que una posible forma de evitarlo sería que la instancia “cualitativa”, de entrevista y –por qué no– clase de ensayo, fuera frente a un cuerpo colegiado: un miembro de conducción, un funcionario del Ministerio, un representante gremial extrainstitucional, un docente de la casa… ¿un alumno? De esa manera, habría una mayor diversidad de voces para tomar la decisión, y un cruce de miradas sobre las necesidades institucionales, educativas y el perfil del postulante. Más aún, para evitar los caprichos de la política de turno, el funcionario ministerial podría tener voz pero no voto, por ejemplo.
La democratización del acceso hace urgentes modificaciones a las tradiciones más reaccionarias de la escuela media, y eso presenta problemáticas que deben ser abordadas con creatividad, participación y más democracia. Por otro lado, es necesario correrse de la ponderación numérica de los antecedentes para sumarle la capacidad de transmitir una idea acorde con un tiempo democrático, inclusivo y que exige una postura transformadora. Es necesario llenar estas palabras bonitas de capacidad intelectual, de compromiso científico y artístico real y actualizado, de propuestas pedagógicas concretas.
¿Por qué no incluir, en los reclamos elementales por un compromiso mayor de las clases políticas en el tema educativo, por una necesaria suba de los salarios y paliación de los problemas de infraestructura, y por necesidad de mayores planteles socioeducativos, por qué no sumarle a esos reclamos permanentes y pertinentes, una demanda de modificar el sistema de selección docente? ¿No es el objeto final de nuestra actividad, el de modificar la trágica cotidianeidad de nuestros pibes, y ganarnos el sustento de esa manera?
Excelente diagnóstico y propuesta, sin duda es uno de los problemas que traban y hacen fracasar en gran parte
los proyectos institucionales. Totalmente de acuerdo con el sistema mixto es necesaria una instancia más (presentación de propuesta educativa, entrevista, etc.) al acceso a cargos por asamblea.
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