¿Es políticamente posible incluir la laicidad educativa en la Ley de Educación Nacional?

CLHjau4WEAAtiiqEl diputado Manuel Garrido (Progresistas, @ManuGarridoOK) se dispone a presentar un proyecto de ley que reformaría la Ley de Educación Nacional, incorporando la laicidad en artículo 4°. De prosperar la reforma, el mismo quedaría redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad, laicidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”

El interés de Garrido está fundado, seguramente, en la polémica que se generó en torno al tratamiento, por parte de la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico (su presidente es Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y, como él, miembro del Opus Dei), del art. 8° de la mítica ley 1420, que sugería una educación pública laica. Desde Fue la Pluma señalamos algunas puntualizaciones en torno a ese debate, que quedaron plasmadas en la nota Lo laico, lo religioso, lo deseable, donde sistematizamos el contrapunto.

La propuesta de Garrido de reformar la Ley de Educación Nacional es interesante, pero plantea algunos problemas:

  1. En una época de omnipresencia del papa argentino, y con el fanatismo ciego que provocan sus gestos superficiales en la clase política local, es altamente improbable que los partidos mayoritarios se sumen a esta iniciativa, lo que la deja en una posición de mucha debilidad en las relaciones de fuerzas.
  2. Abriría una fortísima controversia judicial, en tanto obligaría a modificar constituciones y leyes provinciales que directamente reconocen el carácter religioso de la educación (Catamarca, Tucumán, Salta), o adolecen de ambigüedad al respecto (Provincia de Buenos Aires, La Rioja). Sólo con una coalición política muy sólida y federal podría encararse semejante empresa.
  3. No aclara, la reforma propuesta, si se refiere sólo a la educación pública de gestión estatal o incluye a la de gestión privada. Por cómo aparece la propuesta, se puede inferir que ambas. Y aquí se daría una situación similar al punto anterior: obligaría a reformar constituciones y leyes provinciales, pero en este caso hablamos de la enorme mayoría, pues prácticamente todas las jurisdicciones reconocen a los cultos autorizados como agentes educadores (incluso la Ley de Educación Nacional), y el derecho a una educación confesional (de gestión privada) si es voluntad de las familias.

Desde Fue la Pluma creemos que el camino más factible para resistir a la avanzada religiosa en nuestra cotidianeidad, pero específicamente en las instituciones estatales es exigir el respeto a la libertad de cultos, consagrado en el art. 14° de la Constitución Nacional, y en varios tratados internacionales suscriptos por Argentina.

De lo contrario, es tan sólo una jugada voluntarista y solitaria, cuya debilidad política está marcada de antemano.

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