Fue la pluma

El día anterior a la Marcha Federal Educativa -que constituyó una movilización sin precedentes de los profesionales de la docencia, al menos, en los últimos 29 años-, el gobierno nacional dio a conocer los resultados del Operativo Aprender 2016 en condiciones políticas bastante particulares, como analizamos brevemente en nuestra nota anterior. Simultáneamente, en algunos medios se anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación titulado ambiciosamente «Plan Maestr@» o «Ley del Bicentenario», con la que el macrismo parece aspirar a recuperar la inicativa sobre un conflicto cuyo agravamiento no ha hecho más que alimentar en base a exabruptos, persecuciones, aprietes, macartismos y propuestas salariales misérrimas, además de que comenzó con la abierta violación de la Ley de Financiamiento Educativo.

El anuncio del «Plan Maestr@» parecía, por lo que apareció en algunos medios, como una lista de metas plagadas de voluntarismo, pero sin una sola mención acerca de cómo será su implementación, cuáles son los recursos financieros comprometidos, cuáles son las funciones del Estado nacional y de los provinciales en su cumplimiento -en tanto el sistema educativo argentino está sobrefederalizado y el Ministerio de Educación de la Nación completamente vaciado de funciones (al día de hoy, hay decenas de agentes sin tareas asignadas tras la desaparición de los niveles y modalidades y la transferencia a las provincias de los programas socioeducativos)-.

La lista de las metas allí anunciadas, en general, no podrían tener más objeciones que las preguntas acerca de su operatividad y financiamiento. El borrador ¿definitivo? del «Plan Maestr@» elaborado por el gobierno nacional está disponible en el siguiente link:

Plan Maestr@

Allí se podrá leer y analizar detenidamente la versión que fue recibida por Fue la pluma. No obstante, este autor considera que debería prestársele atención a los siguientes puntos:

11 y 12: ¿Se intenta eliminar la educación especial poniendo como objetivo la disminución del ingreso de la matrícula? ¿Qué significan los «servicios extraescolares de apoyo a la inclusión»? ¿Acaso implica la entrada directa de las ONG en el sistema educativo ocupando espacios públicos?

18, 19 y 20: ¿Se intenta poner a las pruebas PISA como único parámetro para pensar la calidad educativa? ¿No se toma en cuenta la particularidad de la matrícula en nuestro país, su estructura socioeconómica, sus necesidades específicas? ¿Es acaso esto un avance sobre nuestra soberanía educativa?

28: ¿Cuáles son las medidas que el Estado o los Estados implementarán para reducir el ausentismo docente sin vulnerar sus derechos? ¿Con qué recursos financieros se solucionarán los problemas gravísimos de infraestructura? ¿A qué se refiere con la pérdida de horas de clase por «medidas de acción directa adoptadas por los trabajadores de la educación»? ¿A qué se apunta?

34 a 43: ¿Cómo se van a llevar adelante estos mecanismos de evaluación? ¿Se cumplirá con la Ley de Educación Nacional, que prevé en su artículo 98 la conformación de un Consejo Nacional de Calidad de la Educación para la evaluación del sistema, que nunca se conformó? ¿O será de forma unilateral?

46: La actualización en «liderazgo educativo» que se promueve, ¿es la apertura de todo un campo de negociados con universidades privadas vinculadas al mundo de los negocios sin experiencia en el campo educativo?

53 y 54: ¿Qué significa «Disponer, en un plazo no mayor a DOS (2) años y mediante acuerdos paritarios, de un sistema nacional de carrera docente al cual se puedan adherir voluntariamente los docentes en ejercicio»? ¿Se está pensando en un esquema de recompensas salariales para docentes que busquen ampliar sus horizontes de carrera? ¿Qué es el «Sistema Nacional de Carrera Docente»?

56 y 58: ¿Por qué, a pesar de esta meta, este mismo gobierno insiste en negarse a abrir la paritaria nacional y que fue el puntapié inicial del conflicto docente actual?

66 a 79: ¿Cómo se articulan estas metas con la autonomía universitaria y la Ley de Educación Superior?

101 a 108: ¿Cuál es el rol de los gremios y sindicatos en estas metas? ¿Es acaso un guiño hacia las cúpulas sindicales de nuestro país para obtener apoyo político?

Independientemente de estas preguntas que surgieron de una lectura rápida de las metas enumeradas sobre el final -antes de las metas hay una justificación de cada uno de los ejes que se intenta atacar-, quedan pendientes las preguntas acerca de la implementación efectiva de todas estas aspiraciones: ¿Quién (el Estado nacional o los provinciales? ¿Cómo se articulan, si según la Ley de Educación Nacional, sendas partes son responsables del sistema?)? ¿Con cuáles recursos presupuestarios? 

Las leyes educativas del kirchnerismo, actualmente vigentes, estipulaban recursos, organismos y modos de intervención. Sus políticas, a nivel nacional, tendieron a llevar la letra de esas leyes al campo de lo real. La Alianza Cambiemos, desde su asunción, sólo tendió a vaciar el Ministerio de Educación y a hacer crecer un conflicto salarial docente. ¿Cómo tomar como válidas estas propuestas de parte de una gestión que ha hecho todo lo posible por abandonar el sistema? ¿O acaso, como se planteó al principio de esta nota, no es más que una movida mediática para retomar un poco el protagonismo frente a las masivas movilizaciones de rechazo a sus políticas?