Fue la pluma

En los últimos días empezaron a circular algunas noticias vinculadas a la situación educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, se desató un conflicto en torno al desplazamiento de la rectora de la Escuela Normal de Profesores Nº 2 “Mariano Acosta”; en segundo lugar se dio a conocer un programa que busca formar “Líderes Educativos” para reclutar a alumnos de los años superiores de la escuela secundaria ofreciéndoles una pasantía dentro del sistema; y finalmente se dio a conocer una resolución ministerial que cambia la órbita de dependencia de las materias de idiomas adicionales del nivel primario, de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la CABA a la Gerencia Operativa Lenguas en Educación (GOLE). Vamos a analizar una por una.

Conflicto en el Mariano Acosta

Fundado en 1874, el Mariano Acosta es una de las instituciones tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, de las que dependen del GCBA.  Su rectora, Raquel Papalardo, ya había estado sido centro de atención cuando, en abril, policías de la Ciudad de Buenos Aires irrumpieron sin razones y sin permiso en la escuela, y protagonizaron escenas de apriete hacia Papalardo y luego hacia los alumnos, que intentaban desarrollar una clase pública. El agente no pudo dar información fehaciente acerca de las razones que lo habían llevado a ingresar a la escuela, días después de la brutal represión a los docentes que intentaban montar una Escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos, como señal de protesta en medio del conflicto paritario.

En esta oportunidad, Papalardo había iniciado los trámites para su jubilación y, al haber cumplido la edad correspondiente, solicitó una prórroga hasta diciembre de 2017 para permanecer en el cargo, cobrando naturalmente su salario y ejerciendo los derechos laborales estipulados por ley. El trámite que pedía la prórroga nunca fue contestado por parte del Gobierno de la Ciudad, aunque sí dieron la orden de que la docente concentrara en el Mariano Acosta las horas que cumplía en otra institución. Papalardo tomó esta respuesta como positiva a su pedido de prórroga, hasta que a fines de junio fue notificada de que quedaba separada del cargo hasta finalizar los trámites de su jubilación, como dijimos, en diciembre de este año (en esta carta abierta Papalardo explica el trámite administrativo). Finalmente, el día 3 de julio se realizó un abrazo al Mariano Acosta en manifestación de apoyo a la rectora, adonde asistió una supervisora que pretendía tomar los nombres de los alumnos que estaban participando.

El Mariano Acosta es una escuela cuya población se compone, en buena medida, de hijos de profesionales de clase media, con gimnasia para la organización y facilidad para visibilizar sus reclamos. A esto se suma un nivel alto de afiliación sindical del cuerpo docente, lo que redunda en un colegio con su comunidad educativa muy habituada a los mecanismos de reclamo y negociación. Es sabido que las escuelas cuya comunidad –alumnos, familias, docentes– se moviliza rápido y eficazmente puede ejercer mayores niveles de presión sobre el Estado para frenar sus políticas de vaciamiento y abandono, banderas del PRO desde 2007. Las escuelas a las que les cuesta más organizar este tipo de dinámicas quedan más expuestas a que las decisiones ministeriales pasen derecho, sin filtro, y acentúen el deterioro galopante que sufre la escuela pública desde que el macrismo gobierna la ciudad.

El desplazamiento de Papalardo por medio de un artificio burocrático, a seis meses de su salida por propia voluntad, abren una serie de preguntas acerca del conocimiento que los funcionarios ministeriales del PRO tienen de la política educativa en su territorio madre. ¿No podían prever que una comunidad fuertemente movilizada como la del Mariano Acosta podía reaccionar de forma contundente al despido encubierto? ¿Desconocen acaso el alto nivel de conciencia gremial presente en ese colegio, y que le deja a la conducción sindical de UTE una oportunidad política en plena campaña electoral? ¿Decidieron provocar un conflicto que podría haberse evitado tranquilamente o se trató de la firma de un funcionario sin la más remota idea de cuáles son las consecuencias políticas de sus acciones?

Líderes educativos o mano de obra hiper precaria

El programa “Elegí enseñar”, según su página web, aspira a “despertar la vocación docente en los alumnos de 4º, 5º y 6º año de las escuelas medias y en el 3º año de los Centros Educativos de Nivel Secundario” (para adultos) de la Ciudad. De esta manera, ofrece una asignación estímulo de $ 4000 para que los interesados realicen capacitaciones virtuales y prácticas presenciales en programas del Ministerio de Educación de la CABA.

A priori, alentar a que los alumnos de años superiores del nivel medio elijan la carrera docente parece ser un objetivo noble, y también hacerlos interactuar desde un rol de autoridad o auxiliar con chicos más chicos. No obstante, el principal incentivo para la elección de la docencia como carrera no debería apelar a “despertar la vocación” sino a ofrecer una carrera profesional tan bien paga como exigente. Sin embargo, la docencia es una carrera desjerarquizada, mal paga, de complejidad creciente y objeto de las agresiones más feroces de parte del gobierno, sus repetidoras mediáticas y un sentido común en el que esos discursos hacen carnadura.

Al contrario, el PRO sigue apelando al discurso “vocacionalista” que está cuestionado hace, como mínimo, 50 años desde el gremio docente en general. Somos trabajadores de un trabajo atravesado por lo afectivo y lo vincular, lo cual requiere determinados incentivos que no llegan desde el Estado. No obstante, no somos ni sacerdotes ni apóstoles. Comemos, nos vestimos, y cada tanto tenemos ganas de darnos algún gusto. Y para eso se necesita dinero. Y sin dinero no hay comida, vestido ni gustos. Por eso, como tantas otras millones de personas, vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado.

El programa “Elegí enseñar” busca, bajo la fachada de una actividad tipo “scout”, un voluntarismo que al GCBA le sirve para tener mano de obra auxiliar hiper precaria, bajo la forma de una pasantía sin derechos laborales, y cuyos beneficiarios serían menores de edad que, en general, suelen desconocer bastante acerca de sus derechos laborales.  La McDonaldización del empleo público (menores de edad, sin derechos laborales, con salarios en el subsuelo de la dignidad) parece empezar por la educación en CABA. El programa “Jornada Extendida”, una de las pocas iniciativas que ha tenido Cambiemos a nivel nacional y que busca implementar en las jurisdicciones, apunta precisamente en este sentido. Se trata de una serie de espacios por fuera del horario escolar, con actividades extra clase, muchas veces desarrolladas fuera del edificio escolar –que no tiene espacio– en parroquias (violando, además, la laicidad educativa establecida en el artículo 24 de la constitución local), con agentes puestos a dedo por el GCBA. Allí irían a parar estos “Líderes educativos”, supliendo a los docentes profesionales que no hemos sido convocados a estos espacios, por una paga absurda sin derechos laborales.

Cambio de órbita de las materias de idiomas adicionales e incertidumbre

La resolución RS-2017-2307-MEGC, firmada por Soledad Acuña, pasó la gestión administrativa de los cargos de base  y conducción de Idiomas de Nivel Primario de la Dirección de Educación Primaria a la Gerencia Operativa Lenguas en la Educación (GOLE). En teoría, esta dependencia tiene una capacidad técnica de la que carece la DEP, al contar con funcionarios especializados en el área. Sin embargo, esta resolución causó mucho revuelo: hay preocupación acerca de la forma en que los docentes accederán a los cargos de base –frente al aula– y de ascenso –hacia la supervisión de esta área específica–, ya que la resolución ministerial nada dice al respecto, y se extrae a esta parte de la planta docente de su “ámbito natural”.

El escalafón –la descripción de los cargos dentro del sistema educativo porteño que deben ser cubiertos por concurso– de las materias de idiomas está descripto en el Estatuto del Docente (artículo 9, capítulo III, apartado A). De manera que modificar la estructura actual de la selección docente y sus mecanismos de ascenso implicaría una violación frontal del Estatuto (a diferencia, por ejemplo, de los cambios en el sistema de puntaje que se introdujeron por decreto el 29 de diciembre de 2016, mediante la modificación de un decreto reglamentario pero no del Estatuto en sí). Siendo el Estatuto del Docente una norma jurídica de la CABA, su modificación sólo sería posible en el ámbito del poder legislativo local, y previo consenso con los sindicatos porteños. Una resolución ministerial carece por completo de la fuerza normativa para hacer algo así.

Lo que sí ha estado haciendo el PRO es crear cargos por fuera del escalafón y por encima de los máximos cargos docentes concursados, para condicionar políticamente sus decisiones. Esta señal de fuerte desconfianza del poder político hacia los docentes es encarada desde el poder ejecutivo, que de todos modos tiene plena potestad para crear todas las dependencias designadas políticamente que considere pertinentes, sin tocar el escalafón establecido en el Estatuto. De esta manera, se les resta margen de maniobra a los equipos de supervisores para la implementación de la política educativa, condicionándolos desde arriba. No obstante, no hay aquí una violación del Estatuto, sino una modificación y complejización de las relaciones de fuerza entre los supervisores –que son docentes de carrera– y un creciente ejército de cargos políticos que les marcan la cancha.

Más allá de la dificultad –para este autor– que tendría para el PRO eliminar la selección docente y los concursos de ascenso de las materias de idiomas de primaria, es estrictamente necesaria una asamblea, movilización, pedido de explicaciones y aclaración vía resolución ministerial de cómo queda esta situación. Ya hay una convocatoria lanzada al respecto.

Decisiones delicadas

Los puntos analizados vuelven sobre las preguntas planteadas en el apartado sobre el conflicto con la rectora del Mariano Acosta: ¿Por qué llevar adelante medidas que provocan inquietud entre los docentes -o directamente conflicto con ellos-, en plena campaña electoral? ¿Acaso guiados por un desconocimiento absoluto de los tiempos y los actores políticos con los que trabajan, los funcionarios ministeriales del PRO toman decisiones a todas luces erradas, teniendo en cuenta la coyuntura? ¿No sería conveniente que quienes ostentan cargos político-educativos del distrito más rico y sencillo de administrar del país tuvieran algún tipo de conocimiento del área en la que trabajan? ¿O simplemente seguirán poniendo conocidos que jamás pisaron un aula desde que egresaron de sus colegios privados?

Aunque hay una racionalidad general en la política educativa de Cambiemos y del PRO –negociados, discurso new age empresarial, evaluación, vaciamiento y abandono, teoría del capital humano mal implementada–, la gestión diaria parece estar viciada por la ineptitud y los errores de lectura. ¿Cuánto tiempo más tendremos, como docentes, familias y alumnos de la escuela pública, que tolerar a un funcionariado que desconoce por completo la complejidad del sistema educativo?