Fue la pluma

Los cambios en el Ministerio de Educación que anunciamos días atrás sigue su curso, aunque todavía no hay ninguna definición concreta sobre cuál va a ser la estructura de la cartera educativa en el futuro. En estos días todavía hay corridas –literales: agentes sacados a patadas e insultos de oficinas– adentro de Pizzurno y una absoluta indefinición acerca de hacia dónde irán a parar quienes estuvieron, hasta principios de febrero, empleados en los niveles y las modalidades y la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas.

Mientras tanto se suman problemas: a la reestructuración –y una nueva forma de concebir la arquitectura del Ministerio y su relación con las provincias– se suma la discusión paritaria. Poco y nada de esto es recogido por los medios de comunicación más importantes: apenas algunas cuestiones ligadas a los reclamos salariales y el inicio de una –nueva– demonización de los docentes. Pero vamos por partes.

La paritaria nacional docente

La no convocatoria a los gremios con representación nacional, decidida por Esteban Bullrich, viola los artículos 9 y 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, y ha generado un estado de conflicto creciente entre los cinco gremios con representación nacional –CTERA, enmarcada en la CTA; SADOP, UDA, CEA y AMET, de la CGT– y el gobierno nacional, con amenazas de paro. La foto de los cinco “grandes” del sindicalismo docente argentino en el salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo es potente en sí misma: Baradel, Romero, Yasky, Alesso et al, con Perón, Evita y el mural con el trabajador contemplando el monolito pétreo y eterno de la CGT. Se busca enviar un mensaje a Bullrich y al gobierno de Macri: hay espaldas suficientes para encarar una lucha larga. Desde ya, quien conoce las dinámicas de las cúpulas sindicales argentinas sabe que hay mucho de ladrido y poco de mordida, básicamente porque entre ladrido y mordida se suceden las negociaciones, siempre a puertas cerradas y –especialmente entre los sindicatos docentes– sin apelar a las bases como fuente de legitimidad y mandatos. No obstante, en los últimos días la posibilidad de un no comienzo de las clases el lunes 6 de marzo se va tornando cada vez más concreta.

La paritaria nacional docente tiene sentido en tanto y en cuanto el Estado nacional provee un porcentaje del salario de todos los docentes del país, a través del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID, del que se subejecutaron casi 1800 millones de pesos en 2016). La idea de esta instancia es fijar un piso salarial, con financiamiento central, del que el Estado nacional y los provinciales con corresponsables. A partir de ese piso, en teoría, deberían darse instancias de paritarias libres en cada jurisdicción, pero con un mínimo que está garantizado en todo el país. Pues bien: esta es la instancia que la gestión Bullrich decidió omitir violando la ley, lo que delega enteramente las negociaciones en cada provincia. O, dicho de otro modo, le tira el fardo a cada gobernador para arreglarse como pueda frente a los reclamos salariales. Esta estrategia le generó un ruido importante durante la última reunión del Consejo Federal de Educación el 9 de febrero en Mendoza –el CFE es un cuerpo compuesto por los ministros de educación de todas las provincias y el nacional, donde se deberían elaborar estrategias articuladas a aplicar en el sistema en todo el país–, donde de forma prácticamente unánime –aunque con variedad de tonos según el nivel de cercanía política– los titulares educativos de las provincias le reclamaron a Bullrich la apertura de la paritaria nacional. A ese reclamo de unió, incluso, el mismísimo Alejandro Finocchiaro, quien fue un estrecho colaborador de Bullrich durante su gestión en CABA y figura clave en las negociaciones –exitosas y plagadas de asteriscos– con los sindicatos, y que hoy está al frente de la educación de la Provincia de Buenos Aires. Los gobiernos de San Juan y Santa Fe, por caso, hicieron reclamos públicos al ministro de educación de la Nación por este tema.

Las presiones provinciales no obedecen necesariamente al interés por la educación que tiene cada gobierno, sino a los obstáculos que la no apertura de la paritaria nacional les representa para la gestión política de cada provincia. A un 2016 recesivo, inflacionario y cuajado de conflictos sociales, que las provincias debieron sortear apelando a la paciencia –¿o complicidad?– política para no ser acusados de desestabilizadores, le sigue un primer trimestre de 2017 donde al no arranque de la economía real –no hablamos de los grandes números, sino al aumento del transporte, los servicios, el pan– se le suma la desresponsabilización nacional del tema salarial docente, violando además la letra de la ley. Esto no hace más que distorsionar todavía más la caliente agenda de los gobiernos provinciales. Y a pelar los cables del tendido entre Nación y provincias, que pueden terminar en un cortocircuito político catastrófico. La respuesta de Bullrich no fue ni reafirmar la no convocatoria, ni tomar las sugerencias para consultarlas con sus superiores –Marcos Peña, concretamente–, sino que lo dejó entre los vapores de la indefinición. Bullrich y el humo, dos palabras que ya conforman una unidad semántica.

Con las nubes en el horizonte, se ven venir las estrategias mediáticas: demonizar a los docentes apelando a imputaciones de secuestradores, vagos, multimillonarios, ascetas vocacionales y otras maravillas que sistemáticamente han repetido los elencos políticos a cargo, precisamente, de solucionar esos mismos vicios. Si los problemas de la educación no se resuelven no es debido a un ejército de brutos díscolos que no tienen ganas de trabajar, sino de la falta total –y sostenida desde hace décadas– de vocación política para transformar realmente la educación. La demonización de los docentes es perfectamente funcional a los gobiernos que no quieren pagar el costo de solucionar los problemas al tiempo que los profundizan –con la hiperburocratización, con el abandono, con el desastre–, lo que genera nuevamente conflicto y así, en un círculo vicioso que sólo redunda en una progresiva y lenta privatización del sistema.

Mientras tanto, circula por las redes un video de 2014, cuando Esteban Bullrich y Mauricio Macri, al frente de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, visitaron la Academia Nacional de Educación, que es una suerte de reducto institucional del conservadurismo educativo. Allí planteó una táctica tan lúcida como simple para la relación Estado-sindicatos docentes: el ataque en diversos frentes simultáneos, aprovechando el reflejo sindical de focalizarse en un conflicto a la vez. Esta táctica, releída a un año y dos meses del inicio de la gestión macrista, no sólo muestra que se aplica a otras áreas además de la educativa –para muestra basta leer los diarios alineados con el gobierno en contextos de fuertes cuestionamientos de la política nacional–, sino que revela serias deficiencias de los sindicatos docentes para enfrentar a un gobierno que, al menos discursivamente, no le es afín.

La reestructuración del Ministerio

A pesar de que pocos medios han recogido la información que se publicó en este blog, ésta fue confirmada por diversas fuentes, incluso por el mismo Max Gulmanelli, uno de los hombres fuertes del ministerio, quien le dijo a este autor que la agencia que tomaría las funciones de los niveles y modalidades (¿y los programas socioeducativos?) sería la Red Federal de Mejora de los Aprendizajes, creada por la resolución del CFE 284/16. Concretamente, esto significaría que la definición de algunas cuestiones pedagógicas de gestión, en vez de estar centralizada en una dependencia específica del ministerio nacional, pasaría a ser presa de negociación entre las provincias en el marco de una mesa federal. A pesar de esta declaración de Gulmanelli, no ha habido movimientos claros en esta dirección, y en la reunión del CFE los ministros provinciales, al hacer llegar esta inquietud a Bullrich, recibieron como respuesta que “las áreas mencionadas desaparecen como tales, y pasarán a estar integradas en otras dependencias.” De manera que Esteban Bullrich también confirmó la desaparición de los niveles y modalidades a sus pares de las provincias, pero no dejó para nada claro qué sucederá con ellas.

La desaparición de la Dirección de Políticas Socioeducativas, de las Direcciones de nivel (inicial, primario, secundario, jóvenes y adultos) y modalidades (intercultural bilingüe –que ya venía con frentes de conflicto por la demanda de los pueblos originarios de contar con representantes allí–, rural, artística, especial, contextos de encierro, domiciliaria y hospitalaria) no tiene un impacto inmediato ni en el corto plazo en la cotidianeidad escolar –aunque sí en el mediano y largo, al dejar caer en manos, nuevamente, de las autoridades provinciales y tender hacia la mayor desigualdad y fragmentación–, pero sí sobre las gestiones educativas de cada provincia. A partir de febrero, las administraciones jurisdiccionales dejan de tener referentes a nivel nacional para temas concretos de la gestión cotidiana en cada nivel, modalidad y programa socioeducativo, y deberán reorganizar sus propios ministerios para hacer frente a nuevas tareas que antes tenían un circuito mucho más lineal y concreto. Para ser más claro: van a tener que reentrenar a su burocracia, que estaba habituada a determinados procedimientos que venían más o menos cerrados desde Buenos Aires, a asumir sus propias decisiones en esos temas. Y pocas cosas resultan más disruptivas para la gestión burocrática del Estado que el cambio drástico de reglas y ponerse a repensar los circuitos administrativos que antes venían resueltos. De manera que esto también suma a los cortocircuitos entre provincias y el Ministerio de Educación de la Nación.

Otros cambios elocuentes de los últimos días, que ratifican el camino de tercerización de la educación emprendido por Bullrich desde su gestión en CABA y consolida sus alianzas en ese sentido, es el anuncio de Oscar Ghillione al frente del INET, en reemplazo de Gabriel Sánchez Zinny, quien desembarcaría en la Provincia de Buenos Aires. Sánchez Zinny había sido el principal promotor de una “Agencia de Talentos”, compuesta por los Ministerios de Educación y Trabajo, y que iba incluso a absorber los planes de terminalidad y la educación de adultos. De hecho, la Agencia de Talentos hace meses que tiene redactado su decreto de creación, al que sólo le falta la firma del Presidente. ¿Cuál será el destino de esa iniciativa, caído Sánchez Zinny? Ghillione es el titular de la ONG “Enseñá x Argentina”. Las Organizaciones No Gubernamentales fueron recibidas con los brazos abiertos por la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, para reemplazar a los docentes con voluntarios rentados con una paga negrera a través de estas instituciones. Los voluntarios suelen ser estudiantes universitarios o egresados recientes a quienes les “picó el bichito” por acercarse a las escuelas públicas y tender vínculos con “los más necesitados”, en una lógica mucho más cercana a la beneficencia que a la de políticas para garantizar derechos. No tienen formación docente, ni responsabilidades frente al aula. Sin embargo, a veces vienen con más entusiasmo –y menos conocimientos de contenidos y de dinámicas escolares– que docentes que hace años sufren el abandono sostenido de la escuela pública, aunque por mucho menos salario. El contraste entre el joven voluntario entusiasmado y el docente cuyo esfuerzo fue aplastado por los yunques de la burocracia, el destrato gubernamental, los salarios ridículos, la mampostería escolar víctima del tiempo y la ley de gravedad y los dramas sociales urgentes que entran a la escuela no puede ser más fuerte. Para el gobierno del PRO, es más barato y más vendible un cuerpo de entusiastas temporarios no sujetos a las relaciones laborales que marcan las leyes que un ejército de docentes con el Estatuto bajo el brazo que, dentro de todo, conocen perfectamente con qué bueyes aran. Ghillione entra entonces en la administración nacional ratificando la falta de respeto y el absoluto desinterés por la profesión y la carrera docente. De todos modos, éstas están sujetas a un Estatuto que ya no refleja las necesidades de quienes estamos en el aula todos los días, ni en cuanto al régimen de licencias, ni de disciplina, ni de salud, ni de carrera. Para el PRO y la Alianza Cambiemos, todos los caminos educativos llevan a desarticular los derechos de los trabajadores, docentes incluidos. Y si el Estatuto es un convenio colectivo desactualizado, para el macrismo lo más sencillo es ir horadándolo y restándole legitimidad, en vez de reformularlo para atender a las nuevas necesidades de los docentes –el formato original del Estatuto es de 1958, con reformas durante la década de 1980–, al tiempo que se hace ingresar agentes al sistema no sujetos a él y por un costo fiscal mucho menor. Entonces, se favorece a la escuela privada y a su régimen empresarial, y se desplaza progresivamente a los docentes formados que ya están presos de un abandono y cada vez más cercados por la alienación.

Resta entonces esperar para saber cuál va a ser la actitud de los sindicatos docentes, cuál será el armado definitivo –o transitoriamente definitivo– del Ministerio de Educación de la Nación, y cuál será la relación –presupuestaria, pero también administrativa– entre el Estado nacional y las provincias. En un año electoral, las elecciones políticas de Esteban Bullrich parecen hablar de una tanática vocación por la derrota.