Fue la pluma

*Carta anónima recibida por este blog de unx docente argentinx que trabaja en instituciones educativas de gestión privada.

Todos los años al comenzar la discusión paritaria docente la situación de la educación vuelve a estar en boca de todos. Lamentablemente como sucede con tantos otros temas complejos y de difícil solución, al ganar las tapas de los diarios y los programas televisivos del prime time se multiplican las opiniones livianas y maliciosas, cargadas de prejuicios e ignorancia, que sólo aportan ruido y odio a la discusión. Este año no fue la excepción.

Como nunca antes, desde la Presidencia de la Nación para abajo, diferentes funcionarios y periodistas oficiosos se han dedicado con especial virulencia a atacar a la educación pública, a sus docentes y alumnos utilizando a las instituciones privadas como fusta disciplinadora. Y entonces surgen las preguntas: ¿Por qué no paran los docentes de los colegios privados? ¿Cobran más? ¿Sus condiciones de trabajo son mejores acaso?

Con desagradable sorpresa me he encontrado a lo largo de mis años como docente en el ámbito de la gestión privada que prácticamente todo el mundo ignora realmente cómo funcionan estas instituciones. Me atrevo a afirmar que este desconocimiento no es una casualidad sino algo premeditado pues un modelo educativo y de sociedad se esconde detrás de este sistema.

Para empezar podemos decir que los docentes de estas instituciones somos trabajadores privados, en el sentido que carecemos de ciertos derechos fundamentales para el ejercicio de nuestra profesión, estos son: libertad de cátedra, carrera docente y libertad sindical. Vayamos revisando uno por uno:

– Privado de la libertad de cátedra:

Casi la totalidad de las instituciones educativas privadas pertenecen a alguna confesión, con gran predominio de la Iglesia Católica. De manera que las instituciones religiosas han vuelto a disputar palmo a palmo la hegemonía a la enseñanza laica. Por ejemplo, de casi 800 establecimientos educativos de gestión privada que existen en la Ciudad de Buenos Aires (el distrito con la educación más privatizada del país), más del 50% reciben subvención estatal, y desde el año 2015, es la primera vez que en la esta jurisdicción hay más alumnos de secundarios privados que públicos.

Esta tendencia repercute directamente sobre lo que se enseña en las escuelas independientemente de lo que establecen los ministerios provinciales como contenidos básicos curriculares. Por ejemplo, y para sólo citar un caso, la Ley 26.150 que consagra a la Educación Sexual Integral (ESI) como un derecho para todos los niños y niñas del país es sistemáticamente violada por instituciones que se mantienen en el más absoluto oscurantismo medieval mientras otras tantas simplemente lo ignoran por ignorancia o falta de capacitación.

Fechas conmemorativas como el 24 de marzo y el 12 de octubre suelen estar condicionadas por expresas o veladas bajadas de línea con la intención de lavar el contenido de los actos o incluso darle un sentido reaccionario. Instintivamente, el docente que quiere preservar su empleo aprende a autocensurarse, cuidándose de expresar posiciones políticas u omitir opinión sobre determinados temas o hechos de actualidad. Se consagra así una visión ascética y apolítica del aula y de la escuela.

Aunque cada institución posee un perfil propio (las hay progres, conservadoras, elitistas o contenedoras) todas ellas tienen en común un hecho: el docente se encuentra en una posición de suma fragilidad dentro y fuera del aula, así frente a las presiones de los dueños de las escuelas o comisiones directivas como de los equipos de conducción y de las familias.

Frente al interés por mantener la matricula/cuota, los cuestionamientos a la autoridad docente pueden ir desde el régimen de aprobación hasta los contenidos dictados en clase. Directivos siempre temerosos a las quejas de las familias son fácilmente permeables ante cualquier reclamo por más injustificado o caprichoso que sea. Prima entonces una actitud que evade sentar posiciones político pedagógicas claras y firmes y en su lugar se adopta un pragmatismo que en el peor de los casos raya con una actitud cercana a un departamento de atención al cliente.

 – Privado de la carrera docente:

A diferencia de las instituciones públicas donde los cargos se toman por orden de mérito en acto público (y en caso de los puestos directivos tras un examen con jurado) los docentes de las escuelas privadas son elegidos “a dedo”.  Más allá de las fallas y problemas del sistema público, la necesidad de sumar puntaje (basado en cursos, títulos y antecedentes culturales) para ascender o tomar más horas de clase impulsa a los docentes a capacitarse y “hacer carrera”.

En las instituciones privadas nada impulsa a los docentes a capacitarse más allá de su propia voluntad. La situación de revista (ser titular o suplente) prácticamente carece de importancia práctica como tampoco garantiza la estabilidad laboral. Al igual que el ingreso a la institución, los ascensos están sujetos a la más pura arbitrariedad y conveniencia de las autoridades, de manera que los vínculos personales pueden llegar a tener más peso que la idoneidad a la hora de definir quien ocupa un cargo.

– Privado de libertad sindical:

La educación privada coincide con el postulado neoliberal por el cual “ningún servicio que brinde un particular será ofrecido por el Estado” cumpliendo así un doble objetivo: por un lado se reduce el gasto fiscal y por el otro promueve el beneficio capitalista. Desde esta perspectiva la educación deja de ser un derecho para convertirse en un negocio.

Sin embargo (como en tantos otros rubros de la economía argentina) mientras por un lado los empresarios reclaman a gritos la libertad de mercado por el otro exigen apoyo y protección del Estado. En el caso de la educación privada, las exenciones impositivas junto a abultadas subvenciones permiten que estas instituciones gocen de grandes beneficios para poder desarrollarse. Estos recursos no sólo se destinan a pequeñas escuelas parroquiales cuya población es de bajos recursos, muchas de las instituciones más caras y cuyo alumnado es de clase media o alta son beneficiarios directos.

¿Cómo funcionan las subvenciones? Más allá de una línea de crédito especial para infraestructura, prácticamente la totalidad de la subvención va dirigida al salario docente de las materias curriculares. Este se otorga en porcentajes que pueden llegar hasta el 100% de la masa salarial de la “planta oficial” de la institución. En otras palabras, el sueldo de los privados subvencionados los paga el Estado, o sea, lo pagamos todos.

¿Entonces en qué se gasta el dinero de la cuota? Principalmente en infraestructura, cubrir el porcentaje sin subvención de los salarios, materias extracurriculares y ganancia empresaria.

(Paréntesis aparte: ¿No resulta extraño que aquellos que vociferan con tanta fuerza en contra de las subvenciones a la energía y a los servicios básicos, a los consumos culturales masivos como el cine y el futbol por considerarlos injustos nada digan sobre el hecho de que todos estemos pagando la educación de los más ricos? ¿Acaso la educación privada no se sincera? ¿Acá no se protege a los que menos tienen?)

Principalmente gracias a las partidas estatales el trabajo en negro es escaso en las escuelas privadas. Sin embargo, es común la precarización y en especial registrar a los trabajadores de la educación bajo otros convenios colectivos. Por ejemplo, los preceptores suelen ser anotados como empleados de comercio o administrativos, quedando por fuera de los derechos incluidos en el Estatuto Docente. Aulas superpobladas, trabajo no remunerado fuera del horario escolar (como reuniones de padres), descuentos mal realizados son problemas usuales con los que se encuentra el docente privado.

Esta situación se ve agravada notablemente en las instituciones sin subvención donde incluso se llega a pagar salarios por debajo de lo establecido oficinalmente por el convenio colectivo de trabajo. Vale la pena aclarar que todos los docentes curriculares (privados y públicos) deben cobrar el mismo sueldo según su escalafón y antigüedad.

Este modelo que beneficia al sistema privado sobre el público también encierra un ataque a los derechos de los trabajadores de la educación y sus organizaciones. En la escuela privada no se para porque no se puede. La amenaza siempre latente del despido pesa sobre las cabezas de los docentes que pretenden organizarse o tomar alguna medida de fuerza. Precisamente esta carta no lleva firma a fin de evitar posibles represalias en este sentido.

Trabajadores dispersos, instituciones sin tradición sindical, poca o nula conciencia de clase e identidad docente, represalias ejemplificadoras que han quedado en la memoria institucional, psicopateadas para generar culpa por ejercer el derecho a huelga, son algunos condimentos que van en detrimento de la organización de los trabajadores en las escuelas. El problema es más agudo aun cuando los docentes están a cargo de una materia extracurricular. No sólo cobran menos la hora sino que sus posibilidades laborales están reducidas a un puñado de instituciones que muchas veces pertenecen a una misma comunidad donde todos se conoce con todos; pensemos por ejemplo en un maestro de religión o de lengua extranjera como japonés, alemán, árabe o hebreo.

Esta carta no pretende la desaparición de la educación privada y posiblemente la descripción realizada sea injusta con más de una institución. Al contrario, al señalar sus defectos aboga por una mejora de las mismas. Por eso resulta fundamental que sepamos todos que cuando una familia elige una institución privada con el único argumento de que nunca hay huelga, cuando un directivo saca pecho cuando afirma orgulloso que en su escuela no se para, cuando el gobierno y los medios oficiosos destacan a la educación privada sobre la pública porque ahí parece no haber conflicto docente, no se debe a que nuestra situación sea mejor que en el sistema público, al contrario, es porque como trabajadores nos están privando de nuestros derechos.